Singapur lidera PISA y habilita azotes desde los 9 años

Singapur, modelo en PISA, bajo la lupa por castigos físicos

Docente aplicando castigo físico en una escuela de Singapur

NewsITe

Singapur volvió a encabezar el ranking global de rendimiento educativo de las pruebas PISA 2025, pero su sistema escolar quedó envuelto en una fuerte polémica internacional. Mientras la ciudad-Estado es señalada como ejemplo de excelencia académica, el Gobierno aprobó una normativa que habilita los castigos físicos a estudiantes de primaria a partir de los 9 años, encendiendo alarmas entre especialistas y organismos de derechos humanos.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Singapur obtuvo 535 puntos y se ubicó en lo más alto de la tabla, seguido por China, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Recién en el séptimo lugar aparece Irlanda como el único país occidental por encima de los 500 puntos. El caso singapurense es presentado desde hace décadas como un modelo de apuesta estratégica por la educación en un entorno económico asiático altamente competitivo.

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Desde su independencia de Malasia en 1965, el país impulsó un fuerte crecimiento económico acompañado por una mejora del nivel de vida de su población, hoy cercana a los 6 millones de habitantes. En aquellas primeras décadas, el desafío central era reducir el elevado analfabetismo. Sobre esa base se montó un sistema educativo exigente, bilingüe y fuertemente orientado a las ciencias y la tecnología, donde los alumnos son separados según su desempeño académico y suelen asistir a academias privadas los siete días de la semana.

Un giro disciplinario: azotes como “último recurso”

En mayo de este año, el Ministerio de Educación de Singapur aprobó una regulación que, a partir de 2027, permite a los docentes recurrir al castigo corporal frente a “faltas graves” y solo como “último recurso”. La medida alcanza a estudiantes desde los 9 años de edad y, según el texto oficial, se aplica únicamente a niños varones, en un marco disciplinario que busca combatir el bullying en las escuelas.

“El castigo físico es una opción disciplinaria solo para niños y se emplea como recurso final, estrictamente cuando sea absolutamente necesario”, sostiene el documento gubernamental. Para las autoridades, el objetivo es disuadir conductas violentas entre pares y reforzar la autoridad del docente. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en infancia cuestionan que se legitime la violencia como herramienta pedagógica en un sistema ya caracterizado por su altísima presión académica.

Advertencias de la OMS y debate global

La decisión de Singapur se produce en un contexto de debate internacional sobre el uso del castigo físico en las aulas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 25% y el 50% de los niños del mundo padecen castigos corporales en entornos educativos, pese a que la evidencia científica indica que estas prácticas pueden dejar secuelas duraderas.

Según la OMS, “las consecuencias del castigo corporal a la infancia pueden durar toda la vida y socavar la salud física y mental, la educación, así como el funcionamiento social y laboral”. Numerosos países han avanzado en las últimas décadas hacia su prohibición total en escuelas y hogares, promoviendo en su lugar políticas de disciplina positiva y convivencia escolar.

  • Singapur lidera el ranking PISA 2025 con 535 puntos, por encima de economías asiáticas y europeas.
  • Desde 1965 consolidó un sistema educativo bilingüe, muy exigente y orientado a resultados.
  • La nueva normativa permite azotar a alumnos desde los 9 años por “faltas graves”.
  • La OMS advierte que el castigo físico genera daños físicos, emocionales y sociales a largo plazo.

La tensión entre excelencia académica y respeto por los derechos de la niñez vuelve a abrir el debate sobre qué significa, en definitiva, una educación de calidad.

Mientras Singapur celebra sus resultados en PISA, la comunidad internacional observa con creciente preocupación el uso de la violencia física como herramienta disciplinaria. El caso plantea un interrogante clave: ¿es posible sostener altos niveles de rendimiento escolar sin vulnerar derechos fundamentales de niños y niñas? La respuesta, coinciden los especialistas, exige repensar no solo los resultados de las pruebas estandarizadas, sino también las condiciones en las que esos resultados se alcanzan.

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