FreSU llevó a la CIDH su denuncia por la reforma laboral
NewsITe
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma laboral que impulsa el oficialismo y por lo que consideran un patrón de persecución a dirigentes gremiales. La presentación se realizó en Washington, durante el 196.º Período de Sesiones del organismo regional, y contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y asociaciones profesionales.
En el escrito y en las exposiciones orales, las organizaciones calificaron la iniciativa oficial como “una reforma regresiva” que, según advirtieron, implica un retroceso de la legislación laboral “al siglo XIX”. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la flexibilización de la jornada de 8 horas, la creación de bancos de horas, la restricción del derecho de huelga y cambios que, a juicio de los denunciantes, debilitan a las organizaciones sindicales y abaratan el costo laboral mediante salarios más bajos.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, planteó que el espíritu del paquete de medidas es “beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación”, con jornadas más extensas y remuneraciones reducidas. La audiencia fue solicitada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), entre otras entidades.
Persecución sindical y advertencias sobre el Estado de derecho
Los gremios también denunciaron un clima de disciplinamiento contra el movimiento obrero. Como ejemplo, mencionaron la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y una serie de acciones de hostigamiento mediático, gremial y judicial contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. El dirigente relató que fue objeto de una campaña pública de difamación en espacios oficiales como la app Mi Argentina y carteleras en terminales de transporte, acompañada de imputaciones penales y presiones sobre su familia.
Desde el ámbito académico y judicial, la Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT) alertaron ante la CIDH que la reforma elimina en los hechos el principio de justicia social como pilar del derecho laboral, y que el nuevo esquema de flexibilidad coloca al trabajador en una situación todavía más desigual frente al empleador. Advirtieron que al priorizar la “voluntad” individual en un vínculo asimétrico se termina habilitando la aceptación de peores condiciones laborales.
En representación del sector docente universitario, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, vinculó la desregulación de tarifas básicas —transporte, servicios públicos, comunicaciones— con la caída del salario real y subrayó el impacto diferenciado sobre las mujeres. Señaló que la combinación de inflación, múltiples empleos y flexibilización horaria profundiza la “pobreza de tiempo”, genera una crisis de cuidados y desorganiza los hogares.
Derogación del Estatuto del Periodista y reclamos a la CIDH
El SiPreBA llevó a la audiencia la preocupación por la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, considerada por el gremio parte de una política sistemática para debilitar la libertad sindical y el derecho a huelga. Según expuso el secretario adjunto, Francisco Rabini, al facilitar el despido de delegados y debilitar los convenios colectivos se afecta la organización gremial que históricamente garantizó la pluralidad de voces en la Argentina.
Las organizaciones solicitantes pidieron a la CIDH que emita una comunicación formal al Estado argentino advirtiendo sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Reclamaron, además, que dicho pronunciamiento sea remitido a los tribunales locales como insumo interpretativo y que se exija el restablecimiento de garantías, entre ellas las asociadas al ejercicio libre y seguro del periodismo.
- Emisión de una comunicación de la CIDH dirigida al Estado argentino.
- Revisión de la reforma laboral a la luz de la Convención Americana.
- Restitución del Estatuto del Periodista Profesional.
- Visita de la Relatoría Especial REDESCA para evaluar el impacto en derechos laborales.
“En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”, sostuvo el abogado laboralista Matías Cremonte durante la audiencia.
Las intervenciones cerraron con el pedido de que la CIDH y sus relatorías sigan de cerca la situación laboral y sindical en el país y establezcan canales de diálogo con las organizaciones para monitorear el impacto de las reformas del gobierno de Javier Milei sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras.
