Cruce entre Gendarmería y la Fiscalía por los audios de Spagnuolo

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La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a tensarse a partir de los resultados periciales sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. Un informe de la División Acústica Forense de Gendarmería Nacional, elevado a la Justicia, puso en duda la posibilidad de identificar de manera concluyente la voz que se escucha en los registros, mientras que la Fiscalía salió al cruce y cuestionó tanto la metodología como las conclusiones del estudio oficial.
El peritaje de Gendarmería se volcó en un documento de 74 páginas, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, y analizó los archivos entregados por el periodista Mauro Federico, base de la acusación que investiga el presunto pago de coimas en el ámbito de la ANDIS. De acuerdo con ese trabajo, sólo 14 archivos fueron considerados técnicamente aptos para ser sometidos a evaluación, mientras que otros 43 fueron descartados por no reunir las condiciones mínimas para una comparación forense.
Sin embargo, aun entre los 14 audios seleccionados, los especialistas de Gendarmería detectaron «características acústicas compatibles con un proceso de regrabación», lo que, según explicaron, impide aplicar de manera confiable los protocolos comparativos tradicionales. El informe describe «discontinuidades abruptas» y «posibles puntos de corte» en los registros, aunque aclara que no se pudo determinar con precisión qué tipo de edición se habría realizado ni con qué tecnología.
La División Acústica Forense sostuvo además que no pudo establecer de manera concluyente si se trata de emisiones vocales humanas naturales o si podrían haber sido recreadas o modificadas digitalmente. A partir de esas limitaciones técnicas, los peritos concluyeron que «no resulta metodológicamente procedente» avanzar con un cotejo de voz que permita identificar con certeza a Spagnuolo como emisor de los mensajes.
El rol de la Fiscalía y las críticas al procedimiento
Tras conocerse el dictamen de Gendarmería, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal, marcó fuertes diferencias. Cinco peritos de parte intervinieron en el proceso y afirmaron que no pudieron dejar asentadas sus disidencias en las conclusiones principales del informe, debiendo hacerlo en un anexo separado, algo que –según señalaron– desvirtúa el debate pericial.
Entre los señalamientos más duros, los expertos de la DATIP cuestionaron que los peritos oficiales se negaran a realizar la comparación entre la voz de los audios y la de Diego Spagnuolo, alegando que el programa disponible tenía limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios. Para la Fiscalía, al menos 15 archivos contaban con la calidad suficiente para ese cotejo, aun si se descartaba el análisis automático.
Los peritos del Ministerio Público remarcaron que el protocolo vigente prevé tres tipos de análisis y exige aplicar al menos dos, algo que –aseguran– Gendarmería no cumplió. A su criterio, si la herramienta informática principal presentaba restricciones, eso no impedía recurrir a metodologías alternativas, ampliamente documentadas en el ámbito científico, para evaluar similitudes de voz o eventuales manipulaciones.
Debate por la inteligencia artificial y la cadena de custodia
Otro eje de discusión fue la posible utilización de inteligencia artificial para generar o alterar los audios. Mientras el informe de Gendarmería dejó abierta esa puerta sin confirmarla ni descartarla, los peritos de la DATIP sostuvieron que las propias conclusiones del estudio no avalan esa hipótesis: remarcaron que se hallaron «numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea» y que no surgieron indicios claros de manipulación artificial.
- La Fiscalía afirma que sí había materiales con calidad suficiente para comparar voces.
- Gendarmería insiste en que las regrabaciones y cortes impiden un análisis metodológicamente sólido.
«La falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de la Gendarmería Nacional es una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general», advirtieron los peritos de la DATIP.
En cuanto a la cadena de custodia, el informe de Gendarmería señaló que no pudo evaluarse de manera fehaciente la continuidad e integridad del material entregado. La Fiscalía replicó que resulta un error exigir el mismo nivel de trazabilidad a un dispositivo aportado voluntariamente que a uno secuestrado en un allanamiento, y afirmó que no hay elementos concretos para sospechar de la autenticidad de la prueba. El contrapunto técnico y jurídico anticipa que la controversia por los audios seguirá en el centro de la causa ANDIS, clave para determinar eventuales responsabilidades penales.

