La unidad productiva está clausurada desde el 20 de marzo por una cautelar judicial. Desde el 11 de mayo hasta el 11 de agosto los trabajadores estuvieron suspendidos. Ese régimen se prolongó una semana, a la espera de avances judiciales que todavía no se produjeron. La empresa no sólo recurriría a un plan de retiros voluntarios, sino que sumaría una desvinculación masiva de sus operarios.
De la redacción de EL NORTE
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La delicada situación laboral de los 130 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la planta productiva que la compañía Atanor opera en la zona sur de San Nicolás, no parece encontrar su camino hacia una resolución favorable. Se trata de los operarios y operarias que desde el 20 de marzo pasado –hace ya casi cinco meses– se ven imposibilitados de prestar sus tareas laborales en el predio productivo que desde aquel día permanece clausurado por una decisión de carácter cautelar de la jueza Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado Correccional Nº3 del Departamento Judicial San Nicolás.
Semanas después del cierre de la planta, la empresa imposibilitada de producir y el Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) acordaron un régimen de suspensiones que se extendió entre el 11 de mayo y el pasado domingo, 11 de agosto. La expectativa estaba puesta en que durante ese periodo, en el que los operarios y operarios percibirían sólo el 75% de sus salarios, la Justicia podría avanzar en su instrucción y habilitar siquiera algunos de los sectores productivos entre los que integran la planta.
Ya en aquel momento había trascendido que en caso de mantenerse la clausura total, la empresa del grupo internacional Albaugh se vería obligada a ofrecer planes de retiro voluntario para afrontar la situación de franco desequilibrio en sus cuentas.
Diligencia y dilación
Dos días antes de aquel 11 de agosto señalado originalmente como fecha tope para el periodo de suspensiones, la jueza Díaz Bancalari dispuso y efectuó una visita formal y una inspección ocular in situ, en la planta.
Tras la diligencia, confiados en la posibilidad de que aquello desembocaría en una inminente habilitación, siquiera parcial, directivos de Atanor y dirigentes del SPIQyP acordaron prorrogar por una semana más el periodo de suspensiones.
Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades judiciales en el marco de una decisión de carácter cautelar que se viene sosteniendo por tiempo indeterminado. E incluso se habrían definido nuevas diligencias que dilatarán aún más la delicada situación. Al menos, así lo indicaron fuentes consultadas por EL NORTE.
El recurso extremo
Frente a tal situación, el plan de retiros voluntarios ya no sería suficiente. Y otra alternativa una vez agotada la prórroga de las suspensiones sería la de una desvinculación masiva que alcanzaría a gran parte de su personal.
Oficialmente, la empresa no reconoció que esa terminará siendo la salida. Tampoco lo negó categóricamente. “Son rumores que sabemos que circulan. Lo que podemos decir es que la situación es de una extrema urgencia para nuestra empresa, imposibilitada de producir desde hace ya casi cinco meses, periodo en el cual se han extremado todos los esfuerzos para sostener a nuestro personal”, indicó –en off– una alta directiva de la compañía.
La clausura
La producción se detuvo el 20 de marzo en Atanor. Y aunque esa fecha coincide con el incidente allí registrado esa madrugada, cuando explotó un tanque mezclador, la clausura judicial de la planta no estuvo directamente vinculada con aquel episodio.
En el marco de una causa iniciada en 2015 la jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso aquel mismo día el “cese inmediato de la actividad” en la planta.
En su fallo, la magistrada a cargo del Juzgado Correccional Nº3 resolvía “hacer lugar” a una medida cautelar solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, iniciadora de la causa. Y, en tal sentido, disponía “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”.