La organización Mumalá registró 79 “suicidios feminicidas” entre 2020 y agosto de 2026. El 46% de las víctimas había realizado denuncias por violencia. El Observatorio toma como marcador las muertes violentas autoinfligidas de niñas, adolescentes, mujeres e identidades feminizadas que presentan antecedentes compatibles con este tipo de situaciones de y recomienda una lectura específica para estos casos.
De la Redacción de EL NORTE
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El Observatorio Nacional Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” registró 79 suicidios feminicidas entre enero de 2020 y el 31 de agosto de 2026, en un relevamiento que busca poner el foco sobre las violencias de género que pueden atravesar las muertes autoinfligidas de mujeres e identidades feminizadas.
El término “suicidio feminicida” no refiere a cualquier suicidio protagonizado por una mujer. La categoría se utiliza para identificar aquellas muertes autoinfligidas en las que existen antecedentes de violencia de género, abuso sexual, explotación sexual, trata u otras formas de violencia y vulneración de derechos que podrían haber contribuido al desenlace. La organización sostiene que, en estos casos, el suicidio no debería analizarse exclusivamente como un hecho individual, sino dentro de una trayectoria atravesada por distintas formas de violencia.
Desde esta perspectiva, los abusos de poder, la violencia machista, la discriminación, el aislamiento y la falta de respuestas o acompañamiento efectivo por parte de las instituciones pueden formar parte de los factores que contribuyen a una crisis suicida.
Mumalá comenzó a registrar estos casos en 2020 a partir del monitoreo de medios de comunicación y fuentes vinculadas a organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y ámbitos policiales y forenses.
El Observatorio toma como marcador las muertes violentas autoinfligidas de niñas, adolescentes, mujeres e identidades feminizadas que presentan antecedentes compatibles con esas situaciones de violencia.
Por eso, la organización propone una lectura específica de estas muertes y sostiene que no se trata de atribuir una única causa al suicidio, sino de visibilizar la posible relación entre el desenlace y las violencias que atravesaron la vida de las víctimas.
El pasado jueves 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante todo el mes, se busca generar conciencia, respuestas y, sobre todo, hacer que se hable del tema para que no sea un tabú.
Esta semana, el Concejo Deliberante de San Nicolás expresó su apoyo unánime a la Ley Ema, una iniciativa que busca prevenir y abordar situaciones de violencia digital dentro de las escuelas bonaerenses. El proyecto ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y todavía debe completar su tratamiento legislativo en el Senado para convertirse en ley.
REGISTRO
Dentro de los 79 casos registrados en el informe, la provincia de Buenos Aires concentra el 36%, el porcentaje más elevado del país. Le siguen Córdoba, con el 14%; Tucumán, con el 10%; y Santa Fe, con el 8%. El dato bonaerense adquiere especial relevancia dentro del monitoreo porque representa más de un tercio de todos los casos identificados por el Observatorio durante el período analizado.
Uno de los principales datos del relevamiento aparece en el análisis de los posibles inductores y desencadenantes de las crisis autolesivas.
En el 71% de los casos, Mumalá identificó antecedentes de violencia de género a partir de denuncias, publicaciones y testimonios del entorno familiar y afectivo de las víctimas.
El abuso sexual, en tanto, fue identificado en el 29% de los casos.
La edad promedio de las víctimas relevadas fue de 26 años, mientras que 17 de los casos correspondieron a niñas y adolescentes de hasta 18 años.
La víctima más joven tenía 11 años.
El documento también señala que el 29% de las víctimas eran madres. Como consecuencia de esas muertes, al menos 45 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre.
Entre otros indicadores relevados, Mumalá identificó que el 10% de las víctimas pertenecía a fuerzas policiales. También registró casos de mujeres con consumo problemático de sustancias, migrantes de otras provincias, embarazadas y personas en situación de calle.
DENUNCIAS PREVIAS
El relevamiento también muestra que el 46% de las víctimas había realizado denuncias antes de su muerte. Este indicador representa casi el triple del porcentaje de denuncias registradas entre las víctimas de femicidios durante el mismo período, que la organización ubica en el 16%.
Para el observatorio, este dato vuelve central la pregunta por las respuestas institucionales posteriores a las denuncias y por la capacidad de los dispositivos estatales de seguridad y justicia para acompañar a las personas que atraviesan situaciones de violencia.
“Las violencias machistas, los abusos de poder crónicos, el odio o menosprecio por la condición sexogenérica y la persistente falta de respuesta y acompañamiento efectivo del Estado son desencadenantes de estas muertes violentas”, indicaron desde Mumalá. Y expresaron: “No son suicidas, son víctimas de femicidas”.
EL CASO DE EMA
El informe incorpora casos que, según Mumalá, permiten observar cómo diferentes expresiones de violencia pueden atravesar las trayectorias de las víctimas.
Uno de ellos es el de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo entre sus compañeros.
El caso puso en discusión la violencia digital entre adolescentes y las herramientas disponibles para prevenirla y abordarla. A partir de la muerte de su hija, su madre impulsó la denominada Guía Ema y un proyecto de ley orientado a que las instituciones educativas puedan prevenir, detectar y acompañar situaciones de violencia digital.
PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS
El Observatorio elaboró, además, un registro específico sobre suicidios de personas travestis y trans en el marco de lo que define como “travesticidios sociales”. Entre enero de 2019 y el 31 de agosto de 2026, Mumalá registró 10 casos. El 70% correspondió a mujeres trans y travestis, mientras que el 30% restante fueron personas que se autopercibían como varones trans.
La organización vincula estos casos con lo que denomina “travesticidio social”, una categoría que busca poner el foco en una cadena de exclusiones y vulneraciones que puede incluir rechazo familiar, expulsión del hogar, discriminación, exclusión educativa y laboral, precarización de las condiciones de vida y dificultades para acceder a derechos básicos.
El informe aclara que la identidad travesti o trans no constituye por sí misma un factor de riesgo para el suicidio. Desde la perspectiva planteada por la organización, el riesgo se encuentra en las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que pueden atravesar determinadas trayectorias de vida.
CON PERSPECTIVADE GÉNERO
El relevamiento también incorpora una lectura sobre los suicidios de varones y los mandatos tradicionales de masculinidad. Mumalá señala como posibles obstáculos para la búsqueda de ayuda la exigencia de autosuficiencia, la dificultad para expresar vulnerabilidad, el mandato del varón como proveedor y la canalización del malestar mediante conductas de riesgo o consumos problemáticos. De este modo, se plantea que incorporar una perspectiva de género al abordaje del suicidio supone analizar cómo los diferentes mandatos y desigualdades pueden influir en las formas de atravesar el sufrimiento y de pedir ayuda.
A partir de los datos relevados, el espacio reclama fortalecer las redes de apoyo y los dispositivos de salud mental, mejorar las respuestas institucionales y garantizar acompañamiento frente a situaciones de violencia de género.
La propuesta de la organización parte de una premisa: las conductas suicidas son multicausales y no pueden explicarse por un único factor, pero las situaciones de violencia, discriminación, exclusión y falta de acompañamiento pueden formar parte de esas trayectorias y deben ser consideradas en las estrategias de prevención.
PROBLEMÁTICA GENERAL
En cuanto a la problemática del suicidio en general, EL NORTE daba cuenta días atrás de que, en San Nicolás, hubo al menos 11 episodios en lo que va de 2026.
En los últimos nueve años, los casos aumentaron de 3304 a 5209 en Argentina, lo que representa una suba del 57,7%.
El 2025 fue el año con la mayor tasa de suicidios: 11,8 casos cada cien mil habitantes. Esta cifra equivale a 14 muertes por día, o bien a uno cada dos horas. La problemática del suicidio se ha incrementado drásticamente en los últimos años en el país, en la región y a nivel mundial. En tanto que es una situación de padecimiento psíquico multicausal de impacto subjetivo, esta problemática supera ampliamente las cifras de otras muertes violentas, como los homicidios de toda índole y los decesos en siniestros de tránsito.
A su vez, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en jóvenes adultos de entre 15 y 34 años del país.
Paralelamente, nunca en la historia hubo un presupuesto tan reducido en materia de salud mental como el proyectado entre 2025 y 2026 bajo la gestión del Gobierno nacional.
Ante esta problemática, pueden resultar contactos útiles:
• Centro de Asistencia al Suicida (CAS)
0800-345-1435 o 011 5275-1135 — desde todo el país.
• 135 — desde CABA y Gran Buenos Aires.
• 0800-222-5462. Provincia de Buenos Aires – Salud Mental: Orientación y acompañamiento.
• Hospital San Felipe – San Nicolás: Moreno 31, 336 445-1479.
• Ante una emergencia inmediata, 911, los servicios de emergencias de las localidades o las guardias sanitarias más cercanas.
• Campaña provincial de prevención “Estás, estoy”: en la web www.estasestoy.gba.gob.ar.
