Un amplio bloque de senadores radicales, kirchneristas y provinciales presentó un proyecto para que los decretos de necesidad y urgencia deban ser aprobados por ambas cámaras y cumplan plazos estrictos.
Senadores de distintos espacios políticos acordaron impulsar una reforma clave a la ley 26.122, que regula los DNU. La iniciativa busca obligar a que cada decreto sea ratificado por Diputados y Senado. El proyecto surge tras el cierre de listas rumbo a las elecciones de octubre. Busca recortar el margen de acción de la Casa Rosada. La medida refleja un giro político inesperado en el Senado.
El proyecto se gestó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y quedó en manos de su presidenta, Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas). Ella deberá unificar seis iniciativas ya presentadas en la Cámara Alta. “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes”, afirmó Vigo. La senadora defendió la necesidad de ordenar el manejo de estos decretos. El debate comenzó con amplio respaldo opositor.
El dictamen reunió firmas de legisladores de distintos bloques: Juan Carlos Romero, Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Vischi, Flavio Fama, Pablo Blanco, Mariano Recalde, Florencia López y Silvia Sapag. También se sumaron Mónica Silva y José Neder. Incluso senadores que apoyaban al Gobierno, como Vischi y Carlos “Camau” Espínola, se alinearon con la oposición. La movida evidencia el aislamiento creciente de Milei en el Congreso. Los acuerdos electorales recientes complicaron la estrategia del oficialismo.
El fin de la sanción ficta
Uno de los puntos centrales es eliminar la sanción ficta, que mantiene vigentes los DNU mientras no sean rechazados o permite ratificarlos con el aval de una sola cámara. La propuesta busca que sin aprobación explícita, el decreto pierda validez. Además, se discuten plazos estrictos de 30 a 90 días para el tratamiento parlamentario. Otra innovación es permitir la aprobación parcial de los decretos. Hoy, cada DNU se trata en bloque, obligando al Congreso a decidir “todo o nada”.
La ley vigente, sancionada en 2006 bajo Cristina Fernández de Kirchner, introdujo la sanción ficta para dar mayor margen de acción al Ejecutivo. Casi dos décadas después, el kirchnerismo se suma al bloque opositor que busca acotar ese mismo poder. La letra final del dictamen quedará en manos de Vigo, quien presentará el texto definitivo al recinto. De prosperar, el proyecto sería un golpe institucional fuerte contra la estrategia de Milei. Los DNU dejaron de ser un recurso sin freno para el Ejecutivo.
*Con información de infocielo
