Debate en el Senado por la reforma integral de la Ley de Sociedades
NewsITe
El Senado de la Nación retomó en comisión el análisis del proyecto de reforma integral de la Ley de Sociedades, una iniciativa impulsada por el equipo de Federico Sturzenegger que propone modernizar el régimen societario argentino, reducir la tutela estatal y habilitar nuevas figuras vinculadas a la economía digital y la inteligencia artificial.
La discusión se llevó adelante en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, que convocó a especialistas en derecho societario con posturas divergentes. El objetivo oficial es simplificar la creación y funcionamiento de las empresas, promover la digitalización de trámites y actualizar el marco legal frente a las nuevas tecnologías.
Entre los expositores que defendieron el proyecto se destacó el abogado y magíster en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval, quien sostuvo que las herramientas contempladas permitirán abordar los conflictos societarios “de manera más rápida y eficiente”, reduciendo costos transaccionales para las compañías. A su criterio, la propuesta se apoya en cuatro ejes centrales: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica.
También el titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, Diego Duprat, valoró positivamente la reforma al considerar que introduce una concepción más moderna y equilibrada, amplía la autonomía de las sociedades y ofrece mecanismos específicos para atender los distintos intereses de socios y acreedores.
Críticas por competencias provinciales y falta de obligaciones ESG
Del otro lado, varias voces advirtieron sobre posibles avances del proyecto sobre atribuciones propias de las provincias. Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, recordó que los registros vienen trabajando desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia, por lo que cuestionó que la Nación imponga reglas que podrían superponerse con las facultades locales.
En la misma línea, el inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, aclaró que no hay objeciones a la modernización ni a la digitalización de los trámites, pero rechazó que bajo ese argumento se limite el rol que la Constitución Nacional reserva a las provincias en materia de control societario.
Otro eje de debate se centró en la ausencia de obligaciones específicas para las grandes empresas en materia de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). La abogada y profesora de la Universidad Nacional del Comahue, Patricia Fernández Andreani, cuestionó que el texto no incorpore compromisos vinculados con el cuidado del ambiente, el respeto de los derechos humanos y la equidad de género en la conducción empresaria.
El abogado Eduardo Favier Dubois fue aún más categórico y reclamó que el Senado rechace la iniciativa. A su entender, correspondería avanzar en una reforma y actualización de la normativa vigente, pero no en la aprobación de una ley completamente nueva que reemplace el esquema actual.
Menos tutela estatal y sociedades automatizadas con IA
Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la redefinición del rol del Estado. La propuesta establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que prevalecerá, en principio, lo que determinen los estatutos de cada sociedad. De ese modo, las restricciones estatales pasarían a ser excepcionales y de interpretación restrictiva, y los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite.
La iniciativa, además, elimina trabas burocráticas para la inscripción y el funcionamiento de las empresas y permite que el objeto social sea amplio y plural, sin necesidad de conexidad entre las distintas actividades desarrolladas por la misma sociedad.
En el terreno tecnológico, la reforma incorpora la figura de la “Sociedad Automatizada”, pensada para operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal para su funcionamiento ordinario. También reconoce a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras que pueden funcionar total o parcialmente de forma autónoma, utilizando participaciones representadas por tokens y registros asentados en tecnología blockchain.
Arbitraje, digitalización y nuevos aportes de capital
- Arbitraje y derecho aplicable: se habilita a las sociedades a someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, y a incorporar cláusulas arbitrales en los estatutos para resolver disputas sin recurrir necesariamente a la Justicia ordinaria.
- Digitalización integral: se prevé el domicilio y la sede electrónica de las empresas, libros y registros digitales, realización de asambleas a distancia, constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y la creación de un legajo digital público por cada compañía.
- Nuevas formas de aportes: el capital social podría integrarse no solo con bienes y dinero, sino también con derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, reconociendo el peso de los activos intangibles en la economía actual.
La discusión en comisión continuará con nuevas exposiciones de especialistas y funcionarios, en un debate que busca redefinir de manera integral el marco legal de las sociedades comerciales en la Argentina.
El tratamiento del proyecto seguirá en las próximas reuniones de comisión, donde el oficialismo y la oposición deberán acercar posiciones frente a un texto que combina desregulación, innovación tecnológica y una fuerte discusión sobre el alcance del poder estatal y provincial en el control de la actividad empresaria.
