El oficialismo busca aprobar dos proyectos clave en la Cámara alta.
Con un escenario político favorable, el oficialismo se prepara para una sesión decisiva en el Senado, donde intentará avanzar con dos iniciativas centrales para la agenda del Gobierno de Javier Milei: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La discusión promete un intenso cruce entre bloques, gobernadores y organizaciones ambientalistas.
La sesión está convocada para este jueves a las 11 en la Cámara alta. Además de los dos temas de alto impacto político y económico, el temario incluye el tratamiento del pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Para el viernes, también a las 11, se citó a otra sesión para abordar la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, ambos proyectos ya aprobados en Diputados.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea: urgencia por no quedar atrás
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los mayores tratados comerciales del mundo, se firmó el 17 de enero en Asunción, en un acto que contó con la presencia de Milei y de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi. El mandatario brasileño Lula da Silva decidió no participar de la ceremonia, gesto que evidenció las diferencias internas dentro del bloque sudamericano.
En principio, el Senado iba a tratar el acuerdo este viernes, junto con la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Sin embargo, el Gobierno decidió adelantar la discusión. El motivo principal fue el avance del Parlamento uruguayo, que aceleró el proceso de ratificación y podría aprobar el convenio en breve. La Casa Rosada pretende que Argentina sea el primer país de la región en dar el visto bueno legislativo.
En el Ejecutivo sostienen que, si la Argentina se posiciona como socio pionero, podría acceder a ventajas competitivas y beneficios específicos frente a otros países del Mercosur que compiten por los mismos mercados. En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró la aprobación con el respaldo de bloques dialoguistas, mientras el peronismo votó dividido. En el Senado se espera un comportamiento similar del interbloque que encabeza José Mayans.
Aun cuando el acuerdo ya superó la instancia de Diputados, su implementación efectiva a nivel global sigue condicionada por la Unión Europea. El Parlamento Europeo resolvió enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que analice su impacto y dictamine sobre su vigencia. Hasta que ese proceso no concluya, el tratado no podrá entrar plenamente en vigor.
Un mercado de 700 millones de personas
Los defensores del acuerdo destacan su alcance estratégico. El tratado prevé una profunda reducción de aranceles para más del 90% de las exportaciones argentinas al bloque europeo, y un recorte significativo de las barreras de acceso para productos industriales europeos.
- Elimina aranceles para sectores como químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
- Crea una zona de libre comercio que abarca a más de 700 millones de consumidores.
- Involucra aproximadamente el 20% del PBI mundial.
La Unión Europea es actualmente el segundo socio comercial del Mercosur, detrás de China y por delante de Estados Unidos, además de ser una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa. Para el Gobierno, consolidar ese vínculo es clave para diversificar exportaciones y atraer capitales.
Reforma de la Ley de Glaciares: tensión entre desarrollo y ambiente
El otro gran eje del debate en el Senado será la reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El oficialismo llega confiado en reunir los votos, aunque en las últimas horas la UCR presentó un proyecto alternativo que compite con el texto impulsado por el Poder Ejecutivo y reordena las competencias entre la Nación, las provincias y los organismos técnicos.
El Gobierno asumió ante los gobernadores de las provincias cordilleranas el compromiso de avanzar hacia una norma “más dinámica” que la vigente, con el objetivo de destrabar proyectos de inversión en minería e hidrocarburos que hoy se encuentran limitados por el alcance de las zonas protegidas. Esa promesa es central para jurisdicciones mineras como San Juan, Catamarca y otras del NOA y la Patagonia.
Actualmente, la ley protege tanto a los glaciares visibles como a las formaciones periglaciares, es decir, suelos de alta montaña muy fríos, congelados o saturados de agua dulce, roca y sedimentos. Estos ecosistemas funcionan como reservas de agua y cumplen un rol clave en el equilibrio hídrico y geomorfológico, especialmente en regiones áridas donde el deshielo sostiene ríos y actividades productivas.
Qué cambia con la reforma propuesta
El proyecto del Poder Ejecutivo introduce el concepto de “formas periglaciares” y establece una distinción: solo serían consideradas áreas intangibles aquellas que cumplan una función comprobable como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua para la recarga de cuencas. El resto de las formaciones podría quedar habilitado para actividades económicas.
- Se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares propiamente dichos.
- Se abre la posibilidad de explotación en sectores periglaciares sin función hídrica demostrada.
- Se crea un Inventario Nacional de Glaciares y formas periglaciares, a cargo del IANIGLA.
- La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y coordinación.
Entre las actividades vedadas en zonas protegidas se incluyen aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura e infraestructura de impacto relevante; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y las actividades industriales. Sí se permiten la investigación científica, las tareas de rescate y el turismo de baja intensidad como andinismo y escalada.
Pulso político: provincias versus organismos técnicos
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR radica en quién tiene la última palabra sobre qué áreas proteger. La iniciativa oficial delega en las provincias la facultad de definir qué zonas se consideran reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico, y les permite proponer modificaciones al Inventario Nacional de Glaciares previa evaluación ambiental.
El texto radical, en cambio, otorga mayor poder al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que pasaría a tener decisión técnica centralizada sobre la definición y clasificación de las áreas periglaciares. El Gobierno argumenta que la Constitución, en su artículo 124, reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, por lo que ellas deben tener un rol determinante en la regulación de la minería y los hidrocarburos.
Mientras los gobernadores de provincias mineras e hidrocarburíferas presionan para flexibilizar el marco legal y atraer inversiones, organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas y la propia Iglesia Católica se expresaron en contra de la reforma. La Comisión Episcopal Argentina difundió una carta en la que advierte sobre los riesgos para la provisión de agua dulce y la protección de ecosistemas de montaña.
Referentes ambientales califican la iniciativa como una “regresión ambiental inconstitucional”, sostienen que vulnera el Acuerdo de Escazú y defienden la ley vigente como un piso mínimo de protección de los glaciares y zonas periglaciares.
En el peronismo del Senado predomina la inclinación al rechazo, aunque se anticipan posibles quiebres en la disciplina de bloque, especialmente entre representantes de provincias mineras como Catamarca y San Juan. Con negociaciones contrarreloj y proyectos alternativos sobre la mesa, el resultado de la sesión de este jueves será clave para el futuro del modelo productivo en la cordillera y para la inserción de la Argentina en el comercio internacional.
