Seguridad avanza contra Tailhade tras acusaciones públicas
NewsITe
El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, presentará en los próximos días una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. Así lo confirmaron fuentes oficiales, que señalaron que el área buscará que la Justicia investigue el origen y la forma en que el legislador obtuvo y difundió datos sobre la vida privada de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El conflicto se desató en el marco de la sesión informativa en la que Adorni brindó su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Durante el tramo de preguntas de la oposición, Tailhade detalló supuestos movimientos y actividades privadas de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, incluyendo salidas nocturnas con amigas en las que, según su acusación, habría utilizado custodia oficial.
Además, el legislador del Frente de Todos redobló la apuesta al afirmar que, en septiembre de 2025, Angeletti habría viajado en primera clase a Madrid acompañada por cinco “mamis del colegio” y que ella misma habría afrontado los costos de pasajes y estadía. Esos datos, que involucran información personal y de desplazamientos, encendieron las alarmas en el Gobierno, que interpretó el episodio como un posible caso de espionaje ilegal.
El eje del conflicto: límites entre control político y vida privada
La decisión del Ministerio de Seguridad apunta a que la Justicia determine si Tailhade accedió a bases de datos o seguimientos que vulneren normativas sobre protección de datos personales, inteligencia y privacidad. En la Argentina, la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente que organismos del Estado o particulares realicen tareas de espionaje sobre la vida privada de personas sin orden judicial.
En una entrevista posterior a la sesión, lejos de retractarse, Tailhade desafió al Gobierno y dijo estar dispuesto a defender sus dichos ante los tribunales.
“Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir a la Justicia a demostrar todo lo que dije”
, sostuvo el diputado, que ya tuvo cruces públicos previos con funcionarios del oficialismo.
El caso se inscribe en un clima político ya cargado de tensiones entre el Poder Ejecutivo y sectores de la oposición, donde las acusaciones cruzadas suelen derivar en presentaciones judiciales. Ahora será la Justicia la que deberá definir si las revelaciones del diputado se enmarcan en el control político y la crítica al uso de recursos públicos, o si constituyen un episodio de espionaje y vulneración de la intimidad que podría tener consecuencias penales.
