Debate abierto por el futuro del estado de excepción en Bolivia
NewsITe
A menos de tres semanas de que venza el estado de excepción en Bolivia, distintos sectores sociales salieron a cuestionar la posibilidad de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira avance con una prórroga de la medida, que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en rutas y puntos estratégicos del país.
El actual estado de excepción fue decretado el 20 de junio, luego de 53 días de marchas y bloqueos de caminos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y otros movimientos sociales. La herramienta, de carácter constitucional y extraordinaria, tiene una vigencia de 90 días y concluirá el 20 de septiembre, salvo que el Congreso boliviano apruebe su extensión.
En el trasfondo del conflicto persisten las causas que originaron las protestas: el desabastecimiento de combustibles, las largas filas para acceder al diésel, la falta de dólares y su encarecimiento en el mercado, además del rechazo al Decreto Supremo 5676, que modificó el esquema de subsidios energéticos para grandes consumidores y encendió alarmas en el sector agropecuario, transportistas, mineros y comerciantes.
El Gobierno defiende la continuidad de la medida
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, admitió que dentro del oficialismo existe una tendencia favorable a prolongar el estado de excepción, pese a que aún no hay una decisión formal. Según su lectura, la intervención de las Fuerzas Armadas en las rutas tuvo un efecto disuasorio, permitió despejar los caminos y contribuyó a recuperar un escenario de “normalidad” para la población.
“Creo que deberíamos nosotros estar en una situación de estado de excepción, porque ha generado realmente una tranquilidad a la población”, expresó el funcionario al dialogar con la prensa. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida permitió limitar los bloqueos que, durante las semanas más tensas del conflicto, generaron pérdidas millonarias y afectaron la circulación de bienes esenciales.
El mecanismo, además de facultar el despliegue militar temporal, incluye restricciones puntuales a la libre circulación con el argumento de garantizar el abastecimiento y resguardar el orden público, sin suspender las garantías fundamentales establecidas en la Constitución boliviana.
Resistencia de sindicatos y organizaciones campesinas
Del otro lado, la respuesta de los movimientos sociales es de fuerte rechazo. Hilarión Medrano, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se pronunció contra cualquier intento de extender el estado de excepción y exigió que el Gobierno concentre sus esfuerzos en resolver el desabastecimiento de combustibles y la crisis económica.
La organización convocó a un ampliado nacional para evaluar el malestar de sus bases y definir posibles medidas de presión. Medrano advirtió que mantener el dispositivo de excepción no garantiza el fin del conflicto social y que, por el contrario, puede alimentar nuevas tensiones territoriales.
En la misma línea se expresó el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, quien vinculó el debate por la prórroga con el deterioro del poder adquisitivo y las decisiones económicas del Ejecutivo. “Sería muy irresponsable, no podemos vivir en dictadura en un país democrático”, subrayó, al tiempo que insistió en su rechazo al Decreto Supremo 5676 y a sus impactos sobre los hogares trabajadores.
Bloqueos activos y un Congreso clave en la definición
Mientras se discute la continuidad del estado de excepción, productores agrícolas y pobladores de cuatro municipios de Bolivia reanudaron este miércoles bloqueos en rutas estratégicas del departamento de Santa Cruz y sus conexiones con Beni y Cochabamba, precisamente en protesta contra el Decreto 5676 y en defensa de los subsidios energéticos.
Desde el Trópico de Cochabamba, el dirigente cocalero e intercultural Aquilardo Caricari también se sumó a las críticas, al alertar sobre el riesgo de que una eventual prórroga derive en una mayor represión de las protestas. Caricari defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse frente a políticas que considera perjudiciales y aseguró que no teme una persecución política.
La eventual ampliación del estado de excepción requiere el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, un escenario complejo para el oficialismo tras la ruptura de su alianza con Unidad, lo que convierte la discusión en un nuevo foco de disputa política en Bolivia.
Con el plazo del 20 de septiembre cada vez más cerca, el país se encamina a semanas decisivas en las que se combinarán la pulseada institucional en el Congreso, la presión de los sectores movilizados en las rutas y la necesidad de encontrar una salida a la crisis de combustibles y divisas que atraviesa la economía boliviana.
