Se reglamentó el blanqueo popular permanente más grande
NewsITe
El Gobierno nacional reglamentó el denominado Blanqueo Popular Permanente, iniciativa que es presentada como el “más grande de la historia” y que integra la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El paquete apunta a modificar de forma estructural la relación entre los contribuyentes y el Estado, tras décadas de controles cambiarios, alta inflación y presión tributaria que empujaron a buena parte de la economía a la informalidad.
Según la argumentación oficial, el anterior esquema impositivo y de fiscalización instaló un escenario en el que millones de personas fueron forzadas a operar por fuera del sistema formal, mientras eran tratadas como sospechosas de evasión. La nueva normativa busca dar vuelta esa lógica, permitiendo que los ahorros no declarados puedan blanquearse y utilizarse sin sanciones penales ni persecuciones retroactivas.
El corazón de la reforma es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), al que podrán adherir contribuyentes que tengan patrimonio o ahorros fuera del radar de la administración tributaria. Con este esquema, la autoridad fiscal —rebautizada como ARCA— no requerirá explicaciones detalladas sobre el origen de los fondos o los gastos personales, sino que se enfocará en lo que se facture de ahora en adelante.
Régimen Simplificado de Ganancias y blanqueo permanente
La reglamentación habilita a que personas físicas y empresas regularicen capitales no declarados y los vuelquen libremente a la actividad económica. Un empresario pyme que durante años trabajó parcialmente en negro podrá usar esos recursos para invertir, ampliar su producción o tomar personal; una familia podrá destinar ahorros informales a la compra de una vivienda para sus hijos; y herencias que estaban fuera del sistema podrán canalizarse hacia inversiones financieras o inmobiliarias sin que se consideren delito.
Con estas medidas, el Gobierno prevé una importante inyección de liquidez sobre la economía real, alentando el consumo, la inversión y el crédito. El concepto de “blanqueo popular permanente” implica que el mecanismo no será un programa acotado en el tiempo, sino una herramienta estable para regularizar fondos.
Cambios en delitos de evasión y nuevos umbrales bancarios
Otro eje central de la Ley de Inocencia Fiscal es la modificación del régimen penal tributario. Se elevan los umbrales para configurar evasión simple a 100 millones de pesos y para evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Además, el plazo de prescripción del delito se reduce de cinco a tres años, lo que limita el horizonte temporal de las investigaciones sobre hechos pasados.
La norma también introduce un cambio sustancial: la evasión deja de ser perseguida como delito penal en los casos en que el contribuyente, una vez notificado, regularice la situación abonando lo adeudado. De este modo, se prioriza la recaudación efectiva por sobre la vía punitiva y se ofrece una salida administrativa a quienes incumplieron.
En el sistema financiero, se elevan de forma significativa los montos a partir de los cuales los bancos deben reportar depósitos y movimientos a los organismos de control. Los clientes podrán realizar operaciones de hasta 10 millones de pesos mensuales, en moneda local o en dólares equivalentes, sin que se generen automáticamente alertas hacia ARCA.
- Más margen para operar en blanco sin reportes automáticos al fisco.
- Enfoque de control centrado en grandes montos y delitos económicos complejos.
- Alivio para comercios, pymes y ahorristas que usan efectivo o transferencias frecuentes.
La premisa oficial es que los organismos como ARCA y la UIF concentren sus esfuerzos en perseguir a los “verdaderos criminales” y no en los contribuyentes de a pie.
Con este nuevo marco, el Gobierno sostiene que la Argentina abandona un “régimen perverso” de sospecha permanente sobre los ciudadanos y apunta a consolidar un sistema donde los ahorristas y contribuyentes que se regularicen puedan operar con mayor previsibilidad, mientras se endurece la lupa sobre el delito económico organizado.
