Revisión interna del esquema de poder que dejó Manuel Adorni
El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete y el creciente protagonismo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, abren una etapa de revisión profunda sobre el entramado político y administrativo que dejó Manuel Adorni. El ahora ex jefe de Gabinete, que asumió en noviembre de 2025, habría “colonizado” buena parte de la estructura estatal con personas de su extrema confianza, muchas de ellas cuestionadas por su falta de antecedentes y por la acumulación de cargos estratégicos.
Fuentes del oficialismo libertario admiten que el equipo de Santilli se propone “ocupar el tema a la brevedad” y analizar caso por caso los nombramientos realizados durante la gestión de Adorni. La lupa se posa particularmente sobre áreas sensibles como la ex agencia Télam —hoy APE-SAU—, el Correo Argentino, la Jefatura de Gabinete y organismos con fuerte manejo presupuestario, todos bajo investigación judicial.
Funcionarios con múltiples cargos y escasos antecedentes
Uno de los nombres que más ruido genera es el de Pablo Ciocchini, amigo de la infancia de Adorni en La Plata. El abogado, de trayectoria acotada en el fuero penal y con una beca del CONICET como principal antecedente laboral, pasó a ocupar un triple rol: presidente del directorio de APE-SAU (ex Télam), gerente general de la misma empresa y vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales. En el oficialismo describen este esquema como un “milagro de la gestión Adorni”.
En la misma órbita aparece Ian Vignale, otro funcionario que acumuló funciones. Tras desempeñarse en el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, Vignale llegó a ser secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, una especie de número dos de Adorni en el organigrama formal. Paralelamente, integró el directorio de APE-SAU y del Correo Argentino, situación que lo coloca hoy en el centro de las decisiones que deberán tomar tanto Santilli como Karina Milei.
Créditos, contrataciones y la mira de la Justicia
El caso de Vignale tomó aún mayor relevancia cuando trascendió el listado de créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios de La Libertad Avanza: su nombre figura con un préstamo de 160 millones de pesos, según registros de la Central de Deudores del Banco Central. Este dato se suma a las dudas sobre la compatibilidad de cargos y la eventual utilización de resortes estatales para beneficio propio.
Otro funcionario bajo observación es Federico Sicilia, ex secretario Legal y de Administración de la Jefatura de Gabinete, señalado como hombre clave en el manejo de los fondos del área. De origen político vinculado al radicalismo universitario, Sicilia terminó controlando la “caja” de Adorni y también fue designado director del Correo Argentino. Hoy su actuación está bajo el escrutinio del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga un posible enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete y el circuito de decisiones administrativas que lo habrían permitido.
En ese marco, cobró notoriedad la declaración judicial de una empleada de Casa Rosada, Laura Schiuma, quien relató que puso su tarjeta de crédito para que Adorni adquiriera un monitor gamer valuado en más de dos millones de pesos, con devolución del monto en efectivo. Para los investigadores, ese mecanismo podría ser indicio de intentos por evitar que ciertas compras quedaran registradas directamente a nombre del ex funcionario.
Red de letrados, licitaciones polémicas y cambios inminentes
El esquema de poder que dejó Adorni no se limita a unos pocos nombres. La subsecretaria Legal de la Jefatura de Gabinete, María Fernández Villa, aparece mencionada como pieza central en habilitaciones de contrataciones que hoy generan dudas en la fiscalía. A su lado se ubica Agostina Brichetti, titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, señalada por haber articulado licitaciones junto a Fernández Villa y bajo la conducción política de Sicilia. Ambas dependían, a su vez, del propio Vignale, en un entramado que los nuevos funcionarios consideran opaco.
También figura el caso de Bárbara Pintelos, abogada que pasó en un lapso breve de directora general de Administración a subsecretaria de Medios, con control sobre los medios públicos. Luego fue nombrada vicepresidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y actualmente se desempeña en Nucleoeléctrica Argentina. Su trayectoria quedó bajo la lupa por una reunión que habría gestionado entre Adorni, el empresario Marcelo Grandío —quien habría pagado pasajes al jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este— y el titular del INCAA, en busca de facilidades para producciones audiovisuales, hecho que también analiza la Justicia.
Con este panorama, el nuevo ministro coordinador y el secretario de Comunicación se preparan para una tarea doble: por un lado, revisar y eventualmente remover a los funcionarios cuestionados; por otro, recomponer el funcionamiento de áreas clave de la administración nacional. El desafío será avanzar en esa limpieza sin afectar el ya delicado equilibrio interno del gobierno de Javier Milei, mientras los expedientes siguen su curso en Comodoro Py.
