Los acusados cumplían prisión preventiva cuando la investigación descubrió el presunto plan contra la fiscal que había impulsado sus detenciones. Entre las pruebas apareció una búsqueda realizada mediante ChatGPT.
Dos hombres que permanecían detenidos por integrar una banda dedicada a cometer entraderas fueron aprehendidos en sus celdas, acusados de planear el asesinato de la fiscal que había ordenado sus detenciones. La investigación comenzó después de que la propia funcionaria encontrara las amenazas mientras analizaba un teléfono secuestrado en la causa original.
Los acusados son Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Ambos fueron aprehendidos este viernes durante operativos simultáneos en los establecimientos penitenciarios donde cumplían prisión preventiva.
La fiscal apuntada por el presunto plan es María Paula Hertrig, de la UFI Boulogne. La funcionaria había encabezado la investigación por robo agravado y asociación ilícita que terminó con las detenciones de Rettori y Libertini, identificados como líderes de la organización.
Según informó Infobae, aquella causa comenzó en agosto de 2025. La investigación determinó que Rettori operaba desde un estacionamiento donde aprovechaba su posición de confianza para sustraer y duplicar llaves de viviendas que encontraba dentro de los vehículos.
Luego, junto con Libertini y otros integrantes de la organización, planificaban entraderas y escruches en territorio bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires. Los miembros del grupo distribuían previamente las funciones para concretar los robos.
Las amenazas contra la fiscal
El caso tomó otra dimensión cuando Hertrig analizó uno de los teléfonos secuestrados y encontró comunicaciones en las que los detenidos diseñaban un plan para atentar contra su vida. Los mensajes contenían información sobre su domicilio y vehículo, números telefónicos, fotografías de su casa y datos de su pareja, su padre y otros integrantes de su familia.
En uno de los audios atribuidos a Rettori aparecía una amenaza directa: “O le mando a la casa una corona de muerto o ehhh cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos”, según publicó Infobae a partir de fuentes del caso.
Tras descubrir esas comunicaciones, Hertrig se excusó de la causa el 25 de agosto de 2025 y solicitó investigar la conducta como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, tomó la investigación y ordenó intervenir las líneas de los imputados. Personal de la fiscalía y de la DDI de San Isidro analizó durante meses las escuchas para determinar el alcance del presunto plan.
En una de las llamadas interceptadas, Rettori afirmó: “Mi causa. La fiscal se recusó cuando abrió el teléfono”. En otra comunicación, una voz masculina no identificada señaló: “nosotros somos mafia y en la calle te agarramos a recontra tiro”. Rettori respondió: “Preguntame. Le mando a cagar a balazos a la casa”.
Una consulta a ChatGPT apareció en la investigación
El análisis forense de un iPhone registrado a nombre de la hija de Rettori también incorporó otro elemento a la causa. Los investigadores determinaron que el 27 de marzo de 2025, durante la madrugada, alguien utilizó ese dispositivo para realizar una consulta a ChatGPT en la que solicitó expresamente una fotografía de la fiscal.
La instrucción concluyó que la búsqueda habría sido realizada a pedido de Rettori, quien utilizaba el teléfono de su hija para comunicarse mientras permanecía prófugo.
Con las pruebas reunidas, Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, libró nuevas órdenes de allanamiento y secuestro. Los procedimientos se realizaron simultáneamente en los dos establecimientos penitenciarios donde estaban alojados los acusados.
En la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, donde permanecía Libertini, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y concretaron su aprehensión. En la Unidad Carcelaria N° 31 de Florencio Varela, de Máxima Seguridad, aprehendieron a Rettori e incautaron otro celular.
En total, los investigadores secuestraron tres dispositivos que quedaron incorporados a la causa. La pesquisa continúa para establecer si otras personas participaron del presunto plan e identificar cómo los acusados obtuvieron la información personal de la fiscal.
