El Gobierno provincial vuelve a apuntar contra la transportista eléctrica
NewsITe
El Gobierno de Salta volvió a cargar contra Transnoa, la empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica en alta tensión en el NOA, tras un nuevo corte que dejó sin servicio a localidades de los departamentos Orán y San Martín. El episodio, ocurrido el último domingo por el desenganche de una línea en el tramo San Pedro–Libertador General San Martín, en Jujuy, reavivó el reclamo por auditorías técnicas y eventuales sanciones a la compañía.
Si bien la interrupción se extendió por apenas 28 minutos, autoridades provinciales remarcan que se trata de un eslabón más en una cadena de fallas que cuestiona la confiabilidad del sistema eléctrico regional. El antecedente más grave se registró en septiembre de 2025, cuando localidades como La Unión y Rivadavia Banda Sur padecieron varios días de servicio restringido luego de la salida de un transformador de alta tensión, situación que obligó a recurrir a generación de emergencia para unos 2.000 habitantes.
Desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) sostienen que los problemas no responden a hechos aislados, sino a deficiencias estructurales en la operación y el mantenimiento de las líneas de alta tensión gestionadas por Transnoa. El organismo inició desde octubre de 2025 al menos siete denuncias administrativas ante el entonces ENRE —hoy reemplazado por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE)— por presuntos incumplimientos de la concesionaria.
Denuncias, millonarios ingresos y dudas sobre inversiones
Entre las presentaciones del Enresp se destaca una denuncia conjunta con reguladores de Jujuy y Tucumán por un apagón que dejó sin suministro a cerca de un millón de usuarios en las tres provincias. Además, el ente salteño impulsó una causa penal en la Justicia Federal contra el directorio de Transnoa por presuntos delitos de fraude, malversación y enriquecimiento ilícito.
El gobernador Gustavo Sáenz pidió al Gobierno nacional una auditoría técnica integral y un esquema de sanciones efectivas, al considerar que la reiteración de cortes refleja un servicio deficiente. Según datos oficiales, más del 5% de la factura eléctrica que abonan los usuarios salteños corresponde al transporte de energía, un concepto que ronda los $28.000 millones anuales.
De ese monto, unos $17.000 millones quedan en manos de Transnoa por la operación y el mantenimiento de las líneas de 132 kilovoltios, mientras que aproximadamente $11.000 millones son percibidos por Transener, a cargo de la red de 500 kilovoltios. Las autoridades provinciales subrayan que los ingresos de Transnoa se multiplican al operar también en Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
Cambios societarios bajo la lupa y cuestionamientos al régimen sancionatorio
En paralelo a las críticas técnicas, el reordenamiento accionario de Transnoa también genera preocupación. Mediante la Resolución 28, el entonces ENRE autorizó cambios en Asisnort, controlante de Elecnorte, sociedad madre de Transnoa. A partir de esa operación, Diego Héctor Castro y Melitón Eugenio López pasaron a controlar la compañía.
- En el directorio figuran, entre otros, Marcelo Oscar Mehl, exfuncionario del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense y representante de futbolistas.
- También integra la conducción Mariano Javier Puccio, exfuncionario de la administración bonaerense y del Municipio de Tigre, identificado con el espacio político de Sergio Massa y Malena Galmarini.
De acuerdo con registros públicos, Puccio también formó parte de Trenes Argentinos y mantiene vínculos societarios con Martín Galmarini, hermano de Malena Galmarini. Estas conexiones alimentan las sospechas sobre el impacto de intereses políticos en la gestión de la empresa.
En febrero pasado, directivos de Transnoa anunciaron ante Sáenz un plan de inversiones por US$ 7 millones, orientado a instalar fibra óptica de respaldo, reemplazar aisladores, desarrollar infraestructura fotovoltaica e implementar sistemas de telecomando para reducir tiempos de respuesta ante fallas. Sin embargo, el Enresp asegura que no hay precisiones públicas sobre el grado de avance de esas obras y cuestiona además la capacidad operativa de la firma, que cuenta con 384 empleados para más de 6.000 kilómetros de líneas en seis provincias, con falta de vehículos, grúas y equipamiento de respaldo.
El informe anual 2024 del entonces ENRE reveló que las sanciones económicas aplicadas a Transnoa fueron de escasa magnitud frente a la calidad del servicio, un esquema que desde Salta consideran insuficiente para revertir las fallas recurrentes del sistema eléctrico.
Mientras el Gobierno provincial insiste en la necesidad de auditorías profundas y un régimen sancionatorio más estricto, usuarios y comunidades del norte salteño siguen expuestos a cortes que afectan la vida cotidiana y la actividad productiva. El desempeño de Transnoa y la respuesta de los organismos nacionales quedarán en el centro del debate sobre la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en el NOA.
