La Fiscalía busca que la madre y el padrastro sigan presos
NewsITe
La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño fallecido en junio pasado en Salta, sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, apeló la prisión domiciliaria otorgada a la madre del menor, Milagro Medina, y pidió que tanto ella como su pareja regresen a la cárcel con prisión preventiva por cuatro meses.
La decisión cuestionada fue dictada el 22 de octubre por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana. El magistrado había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Medina, de 19 años, imputada de manera provisional como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo. En el mismo fallo, dispuso la prisión preventiva, pero solo por 30 días, para su pareja, de 32 años, acusado como autor de homicidio agravado por alevosía.
En su recurso, Espilocín sostuvo que la resolución carece de fundamentos sólidos. Señaló que el juez no explicó de forma suficiente por qué reemplazó la prisión preventiva de la mujer por una medida menos gravosa ni por qué limitó a apenas un mes la detención del hombre, pese a la gravedad de las acusaciones y a las penas previstas para estos delitos.
Cuestionamientos a la calificación de los hechos
Uno de los puntos más controvertidos del fallo es la consideración de que la muerte del niño “podría obedecer a comportamientos culposos”. Para el fiscal, esa afirmación no precisa a cuál de los imputados se refiere ni qué pruebas la sostienen. También remarcó que, ante un escenario de posible homicidio, la prisión domiciliaria no garantiza neutralizar el riesgo de fuga.
La autopsia estableció como causa de muerte una insuficiencia respiratoria provocada, con lesiones visibles en el labio y el cuello del menor. Esa conclusión fue respaldada por estudios de anatomía patológica. Además, pericias del Servicio de Biología Molecular detectaron material genético del padrastro en el cuerpo de Thiago, dato que refuerza la acusación en su contra.
Al descartar que pueda hablarse de un hecho culposo, Espilocín fue tajante: “Resulta contrario a la lógica y hasta difícil de deducir cómo una asfixia mecánica provocada tapando la boca y la nariz de un menor puede ser consecuencia de un comportamiento culposo”. Para el representante del Ministerio Público, se trata de maniobras compatibles con una agresión deliberada.
Rol de la madre y nuevas pruebas incorporadas
Respecto de la madre, la Fiscalía sostiene que su responsabilidad no se limita a un eventual desconocimiento de lo ocurrido. De acuerdo con el planteo de Espilocín, en el expediente se incorporaron nuevas evidencias que deben ser tenidas en cuenta al evaluar su situación procesal, entre ellas conversaciones extraídas de su teléfono celular.
Esos mensajes revelarían que Medina sabía de un episodio previo de violencia física ejercida por su pareja contra el niño, que le habría provocado lesiones en el rostro. Sin embargo, siempre según la hipótesis fiscal, la joven habría atribuido después esas marcas a un supuesto accidente mientras el menor jugaba, pese a conocer el verdadero origen de las heridas.
Para la Fiscalía, esta conducta omisiva, al no intervenir ni denunciar, agrava la imputación en su contra y demuestra la vigencia de riesgos procesales que justifican que permanezca detenida. Por eso, Espilocín pidió que se declare la nulidad de la resolución que le otorgó la domiciliaria y se dicte nuevamente la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo de cuatro meses.
El hecho que originó la causa
El caso se remonta al 22 de junio, cuando Thiago fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco, en la capital salteña. Debido a la gravedad de su cuadro, el niño fue derivado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde llegó sin signos vitales. A partir de ese momento se puso en marcha la investigación penal que hoy tiene a la madre y al padrastro como principales imputados.
- El padrastro está acusado de homicidio agravado por alevosía.
- La madre enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, en carácter omisivo.
- La Fiscalía reclama prisión preventiva por cuatro meses para ambos.
- El recurso será analizado por la Cámara de Apelaciones correspondiente.
La Fiscalía salteña sostiene que la medida domiciliaria no es adecuada frente a la gravedad del caso y pide que los dos imputados regresen a prisión preventiva.
Mientras la Cámara resuelve el planteo de Espilocín, el caso Thiago Altamirano vuelve a poner bajo la lupa el rol del sistema judicial frente a los delitos contra niños, la valoración de los riesgos procesales y el alcance de las medidas alternativas a la prisión preventiva en causas de extrema sensibilidad social.
