La crisis del ingreso desplaza a la inflación en las prioridades
NewsITe
La caída del poder adquisitivo y el miedo a perder el trabajo se convirtieron en los principales focos de inquietud de los argentinos, por encima incluso de la inflación y la corrupción, según una reciente Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por la Universidad de San Andrés.
De acuerdo con el relevamiento, el 37% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores preocupaciones, mientras que el 36% mencionó la falta de empleo. Ambos factores, directamente vinculados al ingreso familiar y a la estabilidad laboral, pasaron a liderar la agenda de problemas percibidos por la ciudadanía.
Este corrimiento de prioridades se da en un contexto de fuerte deterioro económico y social, donde amplios sectores de la población conviven con aumentos de precios, caída del consumo y una creciente incertidumbre respecto del futuro inmediato. Los encuestados también indicaron que la corrupción continúa siendo un tema sensible: el 33% la ubicó entre sus principales inquietudes.
En contraste con períodos anteriores, la inflación dejó de ser el centro excluyente de la angustia social. El estudio detalla que solo el 20% la mencionó como problema principal, lo que sugiere que, sin dejar de ser relevante, perdió peso relativo frente a la urgencia de llegar a fin de mes y conservar el empleo.
Pesimismo sobre el futuro y evaluación del Gobierno
El clima de opinión general se caracteriza por un marcado pesimismo. Según la encuesta, el 46% de los argentinos cree que la situación del país empeorará en los próximos doce meses, mientras que apenas un 30% espera una mejora. Este desequilibrio entre expectativas negativas y positivas impacta de lleno en la evaluación de la gestión nacional.
En materia de satisfacción con el rumbo general, sólo el 33% de los consultados se manifestó conforme con la marcha del país, frente a un 65% que expresó insatisfacción. Se trata de un retroceso de siete puntos porcentuales respecto de los registros de noviembre de 2025, lo que confirma un deterioro en el humor social y en la confianza hacia las decisiones oficiales.
Ese malestar se traduce también en la valoración de la presidencia de Javier Milei. De acuerdo con los datos difundidos, el gobierno registra actualmente un 39% de aprobación, mientras que la desaprobación asciende al 59%. La desaprobación creció siete puntos desde la última medición, lo que evidencia un proceso de desgaste acelerado en la imagen del Ejecutivo.
Reformas en debate: apoyo a la línea dura en seguridad
La ESPOP también indaga sobre la percepción de las principales reformas impulsadas por el Gobierno. En el terreno de la seguridad ciudadana surge el dato de mayor consenso: la baja de la edad de imputabilidad se posiciona como la medida con más apoyo transversal, alcanzando el 68% de adhesión entre los encuestados, más allá de simpatías partidarias.
En cambio, cuando se trata de cambios en las reglas del mercado de trabajo, la reacción social es claramente más crítica. La reforma laboral aparece como la iniciativa más controvertida: el 59% manifiesta rechazo frente a este tipo de modificaciones, lo que revela un fuerte temor a la pérdida de derechos y a un mayor nivel de precarización.
- Salarios y desempleo pasaron a ser los problemas más mencionados.
- La inflación pierde centralidad frente al deterioro del poder adquisitivo.
- El pesimismo sobre el futuro supera ampliamente a las expectativas de mejora.
- La baja de la edad de imputabilidad genera apoyo mayoritario.
- La reforma laboral concentra el mayor nivel de rechazo.
“El 46% de los argentinos cree que el país empeorará en el próximo año”, señala la encuesta, mientras que “el gobierno de Javier Milei registra un 39% de aprobación y un 59% de desaprobación”.
Los resultados del sondeo confirman que la discusión pública se desplaza hacia la defensa del ingreso y del empleo, al tiempo que crece el cuestionamiento sobre la capacidad del Gobierno para revertir la recesión y mejorar las condiciones de vida. En ese escenario, el debate por las reformas estructurales y su impacto real sobre el mercado laboral promete seguir en el centro de la agenda política y social.
