La apertura de sobres de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones marcó un nuevo avance del plan oficial del Gobierno para transferir al sector privado la operación y mantenimiento de rutas nacionales. El esquema suma más de 3.900 kilómetros en once provincias y completa un paquete cercano a los 9.000 kilómetros sometidos a concesión.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de concesión y privatización de corredores viales al concretar la apertura de sobres correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), una instancia que incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en once provincias.
La convocatoria despertó fuerte interés del sector privado. Según informó oficialmente la administración nacional, más de veinte oferentes presentaron propuestas para operar distintos corredores considerados estratégicos para el transporte de cargas, el comercio, la actividad turística y la conexión regional.
Los tramos incluidos atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, dentro de un esquema que busca delegar en concesionarios privados tareas de mantenimiento, operación y, en determinados casos, ejecución de obras de mejora y ampliación.
Cómo se distribuyen los corredores de la Etapa III
La Etapa III quedó organizada en ocho corredores principales que reúnen algunas de las rutas nacionales de mayor relevancia logística.
Entre ellos aparece el Tramo Centro, que abarca 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Tramo Mesopotámico, con 276 kilómetros sobre las rutas 12 y 18; y el Tramo Centro-Norte, que suma 536 kilómetros sobre la ruta 34.
El esquema incorpora además el Tramo Noroeste, con 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Tramo Litoral, con 547 kilómetros sobre las rutas 12 y 16; el Tramo Noreste, con 456 kilómetros en las rutas 12 y 105; el Tramo Chaco-Santa Fe, que comprende 497 kilómetros sobre la ruta 11; y el Tramo Cuyo, integrado por 329 kilómetros de la ruta nacional 7.
Con esta nueva licitación, el Gobierno completa el paquete cercano a los 9.000 kilómetros incluidos dentro de la Red Federal de Concesiones.
Caputo destacó el impacto logístico y económico
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que los corredores sometidos a concesión resultan fundamentales para el movimiento de la producción y la integración regional.
El ministro Luis Caputo sostuvo que los tramos involucrados ocupan un lugar clave en la logística agroindustrial, el comercio interior y exterior y la circulación turística. Según explicó, el objetivo oficial es reducir costos logísticos y acortar tiempos de traslado mediante mejoras de infraestructura financiadas con capital privado.
“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, afirmó el funcionario al referirse al proceso licitatorio y a la posibilidad de iniciar obras una vez concluidas las evaluaciones técnicas y administrativas.
Las etapas ya adjudicadas y el avance del nuevo esquema vial
La Etapa III se incorpora a un proceso que ya registra avances previos.
En enero, el Gobierno firmó los contratos correspondientes a la Etapa I de la RFC, que comprende 741 kilómetros de rutas nacionales incluidos en el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, vinculados con el corredor del Mercosur.
El Tramo Oriental quedó bajo administración de Autovía Construcciones y Servicios, responsable de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
Por su parte, el Tramo Conexión fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, encargada de la operación del puente Rosario–Victoria sobre la ruta nacional 174, un enlace estratégico entre Entre Ríos y Santa Fe y próximo a los puertos del Gran Rosario.
La Etapa II todavía no tiene adjudicatarios definidos. En ese proceso se recibieron quince ofertas que continúan bajo análisis de las autoridades nacionales.
Con las tres etapas en marcha o en evaluación, el Gobierno busca consolidar un nuevo esquema de gestión privada sobre la red vial nacional. Desde la administración sostienen que permitirá acelerar obras demoradas y modernizar la infraestructura, mientras sectores críticos advierten sobre el impacto que podrían tener las concesiones en los costos para los usuarios y sobre el papel que conservará el Estado en el control tarifario y la calidad del servicio.
