La Justicia Federal de Rosario investiga al cardiólogo M.G.A. y al enfermero M.A.P. por la facturación de más de 50.000 prácticas médicas que presuntamente nunca realizaron. El organismo llegó a pagar casi $580 millones y otro desembolso por $148 millones fue frenado tras detectar irregularidades.
Un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería fueron imputados por la Justicia Federal de Rosario, acusados de montar una maniobra para defraudar al PAMI mediante la facturación de más de 50.000 prestaciones médicas que, según la investigación, nunca realizaron. La causa también incluye una acusación por lavado de activos.
Los acusados fueron identificados por sus iniciales como M.G.A., médico cardiólogo, y M.A.P., licenciado en enfermería. Ambos ya habían sido detenidos e imputados en junio pasado en Venado Tuerto en otra investigación por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
La nueva imputación se formalizó el 26 de agosto ante el juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros. El magistrado fijó un plazo de seis meses para avanzar con la investigación, hasta el 25 de febrero de 2027, y estableció que los acusados deberán presentarse periódicamente ante la Justicia y no podrán salir del país.
Más de 36.000 prácticas y casi $580 millones pagados
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI).
De acuerdo con la acusación, entre octubre de 2023 y octubre de 2024 el cardiólogo informó a través del sistema del organismo que había realizado 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados.
Entre los estudios declarados figuraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios mediante Holter. Por esas prestaciones, el PAMI desembolsó exactamente $579.943.598,88.
La maniobra investigada habría continuado entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Durante ese período, el profesional informó otras 14.546 prácticas correspondientes a 2.275 afiliados, por las que pretendía cobrar otros $147.974.775,68.
En este último caso, el dinero no llegó a ser abonado porque el organismo detectó irregularidades en las facturaciones.
Sumados ambos períodos, la investigación abarca más de 50.000 prestaciones por alrededor de $728 millones, aunque el perjuicio económico efectivamente concretado contra el PAMI rondaría los $580 millones.
Afiliados aseguraron que nunca fueron atendidos
Una de las claves de la investigación surgió de los testimonios de afiliados cuyos datos aparecían asociados a las prestaciones. Se trata de personas residentes en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires que negaron haberse atendido con el médico investigado.
La Fiscalía también consideró que existía una imposibilidad material de realizar semejante cantidad de estudios durante el período informado.
A esos elementos se sumó un cruce con los registros migratorios. La pesquisa estableció que el cardiólogo ni siquiera se encontraba en el país cuando supuestamente realizó algunos de los estudios que posteriormente fueron facturados.
La hipótesis de los investigadores sostiene que los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de distintas partes del país para confeccionar las facturaciones presentadas ante el PAMI.
También los investigan por lavado de activos
La causa incorporó además una operación inmobiliaria realizada en junio de 2024. Según la acusación, los investigados habrían adquirido una vivienda mediante documentación apócrifa presentada ante una escribana.
Para concretar la operación habrían utilizado una sociedad constituida por ambos que, según la investigación, no registraba actividad comercial real. La Fiscalía sospecha que esa estructura habría servido para dar apariencia de legalidad al origen del dinero.
Por estos motivos, el Ministerio Público Fiscal encuadró las conductas investigadas como defraudación en perjuicio de la Administración Pública, consumada y en grado de tentativa, y lavado de activos.
Los mismos acusados enfrentan además otra causa iniciada en Venado Tuerto. Durante allanamientos realizados en junio en Acebal y Wheelwright, los investigadores secuestraron 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de otros insumos destinados a prácticas médicas.
En ese expediente fueron imputados por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la profesión. El juez federal de Garantías de Venado Tuerto había dispuesto para ambos una prisión preventiva de 90 días.
