Cardiólogo y enfermero, bajo la lupa por una posible defraudación récord
NewsITe
Un cardiólogo y un licenciado en enfermería fueron formalmente imputados por la Justicia Federal, acusados de defraudar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) mediante la facturación de miles de prácticas médicas que, según la acusación, jamás se realizaron. Se trata de los profesionales M.G.A. y M.A.P., quienes ya estaban bajo investigación por ejercicio ilegal de la medicina y suministro irregular de fentanilo y morfina.
La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Rosario, con la intervención de los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, y la colaboración de la UFI-PAMI, la unidad especializada en delitos cometidos en el ámbito de la obra social de jubilados y pensionados. En una audiencia reciente, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros formalizó la imputación y fijó un plazo de seis meses para completar la investigación.
Según surge del expediente, las presuntas maniobras fueron detectadas a través del sistema CUP del PAMI. Allí se verificó que el cardiólogo declaró haber realizado, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, un total de 36.085 prácticas médicas —como ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios (estudios Holter)— a nombre de 4.982 afiliados. Por estas prestaciones el organismo habría abonado $579.943.598,88.
La fiscalía también detalló que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el mismo profesional informó otras 14.546 prácticas, presuntamente efectuadas a 2.275 afiliados, por un monto adicional de $147.974.775,68. Sin embargo, este segundo pago fue frenado al detectarse irregularidades en las presentaciones y se dio intervención a la UFI-PAMI, que radicó la denuncia formal en abril pasado.
Declaraciones de afiliados y sospechas sobre el origen de los fondos
Como parte de la pesquisa judicial, declararon afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el cardiólogo imputado o haber realizado los estudios facturados. Estos testimonios reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de prácticas inexistentes utilizadas para cobrar prestaciones al PAMI.
En paralelo, los investigadores detectaron que en junio de 2024 los dos acusados adquirieron una vivienda. Para concretar esa operación inmobiliaria, habrían presentado ante la escribana interviniente documentación apócrifa y utilizado una sociedad sin actividad comercial real, conformada por ambos, que habría funcionado como pantalla para intentar justificar el origen de los fondos.
El juez Vera Barros dispuso como medidas de coerción el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país para los dos imputados, mientras se aguardan los resultados de peritajes sobre teléfonos celulares y computadoras secuestradas durante la investigación.
Antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina y drogas controladas
Los hechos actuales se suman a otro expediente en el que el cardiólogo y el enfermero ya están comprometidos. En junio pasado, ambos fueron detenidos e imputados por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, luego de que se constatara que habían montado un consultorio médico sin la debida habilitación.
- En los allanamientos realizados en domicilios de Acebal y Wheelwright se secuestraron 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos médicos.
- La fiscalía los acusó por suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos previstos y con destino ilegítimo, así como por ejercicio ilegal de la profesión.
“Se investiga un esquema de facturación de prácticas inexistentes y el eventual uso de estructuras societarias para blanquear fondos cuyo origen no estaría debidamente justificado”, señalaron fuentes judiciales vinculadas al caso.
Con las nuevas imputaciones por presunta defraudación al PAMI y los antecedentes por drogas controladas y ejercicio profesional irregular, el expediente se encamina a convertirse en una de las causas emblemáticas sobre fraude a la obra social de jubilados y pensionados. La investigación continuará en los próximos meses, mientras se profundiza el análisis de la documentación secuestrada y se evalúa la posible participación de otros involucrados.
