Revés judicial para el ex instructor de Bomberos acusado de abusos
NewsITe
La Justicia de Córdoba revocó la prisión domiciliaria de Rodrigo Santi, ex instructor de Bomberos acusado de múltiples abusos sexuales contra menores durante prácticas de ingreso al cuartel. El imputado se encontraba cumpliendo el beneficio en un departamento de la ciudad de Villa María, pero un operativo ordenado en feria judicial permitió detectar que violaba las condiciones impuestas.
De acuerdo con fuentes judiciales, la querella solicitó la habilitación de la feria y un allanamiento urgente al domicilio, tras recibir información de que Santi utilizaba un teléfono celular, elemento que tenía expresamente prohibido. Días después, el requerimiento fue aceptado y se llevó a cabo el procedimiento en la vivienda ubicada en Mendoza 421, departamento B, de Villa María.
Durante la requisa, personal actuante encontró un teléfono con chip oculto en el depósito de polvo de una aspiradora. Según la investigación, ese dispositivo habría sido utilizado por el acusado para mantener comunicaciones, en abierta transgresión a las restricciones fijadas cuando se le concedió el arresto domiciliario.
Orden de traslado y críticas a los beneficios otorgados
Frente a esta infracción, la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Villa María dispuso revocar el beneficio de prisión domiciliaria, otorgado el 23 de diciembre de 2025, y ordenó el inmediato traslado de Santi al Establecimiento Penitenciario N° 5 de esa ciudad. Asimismo, se dejó sin efecto el uso de la tobillera electrónica y se instruyó al Servicio Penitenciario a garantizar la atención médica y psicológica que requiera, en función de su estado de salud.
La causa contra el ex bombero se inició meses atrás, a partir de las denuncias de jóvenes que afirmaron haber sido abusados durante las prácticas de ingreso al cuartel. Santi enfrenta actualmente cinco hechos: tres abusos sexuales simples contra menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.
La querella, representada entre otros por el abogado José Tomás Corigliano, viene denunciando desde hace tiempo supuestas irregularidades en el trámite del expediente. El letrado cuestionó que Santi hubiera obtenido la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud mental, beneficio que —según señaló— fue notificado a la parte acusadora varios días después de ser concedido.
Acuerdo de pena cuestionado y acusaciones de incompatibilidades
Corigliano también puso en la mira un acuerdo de juicio abreviado que fijó una pena de ocho años de prisión, cuando, a su entender, por la gravedad y cantidad de hechos, la condena debería ubicarse entre los 12 y 14 años. El abogado sostuvo que el nuevo defensor de Santi logró en poco tiempo reducir de manera considerable la expectativa de pena y acceder a la prisión domiciliaria.
- La fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo de ocho años de cárcel.
- La querella sostiene que hubo una “inequidad de armas” en perjuicio de las víctimas.
En ese contexto, Corigliano denunció una “incompatibilidad ética y moral” al señalar que un funcionario que intervino en la investigación luego habría pasado a integrar la defensa del acusado. Según su planteo, esa situación generó una ventaja indebida para Santi, ya que la defensa habría accedido a más información que la propia querella.
“Acá hay una inequidad brutal de armas porque, quien defendió al abusador, tenía más información que la propia querella que representa a las víctimas”, afirmó Corigliano al cuestionar el trámite del expediente.
El representante de una de las víctimas calificó a Santi como “abusador serial” y sostuvo que existen otros casos que no llegaron a juicio por encontrarse prescriptos. Con la revocación de la domiciliaria y su regreso al penal, la causa vuelve a estar bajo la lupa pública, mientras la querella insiste en que se revisen los beneficios y se garantice justicia para las víctimas.
