Preska negó suspender el proceso y el juicio por YPF se endurece
NewsITe
La Argentina sufrió un nuevo traspié judicial en Estados Unidos en el millonario juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno para frenar el proceso de discovery, la etapa en la que se identifican y reúnen datos sobre posibles activos del país que podrían ser embargados para hacer frente a una condena que, en primera instancia, asciende a US$16.100 millones.
El fallo, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, se produce mientras la Argentina espera la resolución de la apelación contra la sentencia definitiva. Pese a ese contexto, Preska consideró que no hay motivos para detener la búsqueda de bienes embargables y sostuvo que el país ya tuvo la oportunidad de obtener una suspensión más amplia, pero no cumplió con las condiciones que había fijado el propio tribunal.
Tras la sentencia del 15 de septiembre de 2023, la Argentina había solicitado suspender la ejecución del fallo sin presentar la fianza completa que tradicionalmente exige la Regla 62(b) del derecho estadounidense. En noviembre de ese año, la Corte neoyorquina aceptó parcialmente el planteo y ofreció una alternativa: en lugar de un seguro total, pidió una garantía mínima consistente en una prenda sobre la participación accionaria estatal en YPF S.A. y sobre las cuentas por cobrar vinculadas al proyecto hidroeléctrico Yacyretá, además de exigir que el país impulsara una revisión acelerada de la apelación.
Las condiciones que la Argentina no cumplió
En lugar de avanzar con esas garantías, el Estado argentino volvió a presentarse ante Preska para reclamar una exención total de las condiciones de suspensión o, como mínimo, una prórroga de 90 días, alegando que el otorgamiento de una prenda sobre acciones y créditos requería la sanción de una ley del Congreso Nacional. La jueza rechazó ese planteo y remarcó que, en los hechos, el país no acreditó esfuerzos concretos para cumplir con lo ordenado.
El fallo sostiene que la Argentina eligió “aprovechar la práctica de moción y la transición de administraciones para eludir sus obligaciones en la sentencia final”, motivo por el cual, subraya, la condena dejó de estar suspendida desde enero de 2024. En ese marco, Preska describió el nuevo intento de la defensa argentina de frenar globalmente el proceso de descubrimiento de activos como un pedido equivalente a obtener otra vez una suspensión sin garantía, algo que ya había sido rechazado.
La magistrada recordó que, hace dos años, la Argentina tuvo la posibilidad de asegurarse una suspensión de mayor alcance si aceptaba las condiciones que el propio tribunal había suavizado respecto de los estándares usuales. Al haberse negado entonces a ofrecer esas garantías, entendió que ahora el país no puede presentar su solicitud como algo nuevo ni justificar una revisión de lo ya resuelto, ya que no invoca ninguna de las causales de reconsideración previstas en ese distrito judicial.
Impacto en los embargos y próximos pasos
Preska advirtió que conceder una suspensión de último momento perjudicaría seriamente a los demandantes, que desde hace más de dos años buscan cobrar una sentencia “no suspendida” por US$16.100 millones. Según el criterio del tribunal, frenar ahora el discovery demoraría aún más la localización de activos estatales en el exterior y afectaría el derecho de cobro de los acreedores, que litigan por la forma en que se llevó adelante la estatización de YPF en 2012.
La jueza también rechazó un pedido alternativo del Gobierno argentino para limitar el alcance del descubrimiento, en particular sobre comunicaciones personales y sobre los procedimientos de desacato por presunto incumplimiento de órdenes previas del tribunal. De acuerdo con la resolución, los mismos argumentos que invalidan la suspensión general impiden hacer lugar a este recorte más acotado.
De todos modos, Preska aclaró que, en caso de que la República sea declarada formalmente en desacato por cualquier incumplimiento, el tribunal podría considerar una moción para postergar la ejecución de esa sanción, a fin de que el Estado tenga la oportunidad de solicitar una suspensión ante la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, el proceso para identificar bienes embargables continúa abierto y agrega presión financiera y política sobre la estrategia argentina en uno de los litigios más costosos de su historia reciente.
