El mapa de negocios detrás del tratamiento de residuos
NewsITe
La trama del negocio de los residuos patogénicos vuelve a escena a partir de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que puso bajo la lupa la contratación de empresas dedicadas al retiro, transporte y tratamiento de desechos hospitalarios en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, aparecen nombres vinculados a operaciones societarias anteriores, como la venta de TRI-ECO al grupo Stericycle y la posterior participación de los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro y del empresario Gustavo Osvaldo Solari en MEDAM B.A. S.R.L.
En 2013, TRI-ECO fue adquirida por el gigante internacional Stericycle, movimiento que quedó asentado en el expediente de concentración económica de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Años más tarde, una cesión instrumentada en agosto de 2020 dejó a los Mauro y a Solari con el 90% de MEDAM B.A. S.R.L., otra firma del sector de gestión de residuos dentro de la estructura argentina. Estas continuidades empresariales nutren el contexto actual, aunque no implican por sí mismas responsabilidad penal ni administrativa.
El punto de inflexión llegó cuando Stericycle reconoció en 2022 un esquema de sobornos para obtener o conservar negocios en Argentina, Brasil y México. Esa admisión, documentada en el exterior, encendió alertas sobre la forma en que se controlan las contrataciones públicas en materia de residuos peligrosos. Sin embargo, los antecedentes corporativos no alcanzan para trasladar automáticamente sospechas a quienes vendieron o compraron participaciones en las sociedades vinculadas.
Qué busca aclarar la fiscalía ambiental
La actuación 4398/2026 de la UFIMA apunta a una pregunta clave: qué información tiene el Estado sobre las empresas que contrata para manejar residuos patogénicos y cómo verifica las prestaciones. En ese marco, la fiscalía pidió identificar operadores, establecer la procedencia de los residuos y reunir contratos y órdenes de compra desde enero de 2025.
La respuesta del Ministerio de Salud bonaerense, fechada el 22 de septiembre de 2026, detalla que se remitieron archivos con contrataciones de 2025 y 2026, elaborados a partir del Sistema Informático para la Adquisición y Contrataciones Hospitalarias. También se enviaron órdenes de compra vinculadas a establecimientos nacionales como el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), el Hospital Baldomero Sommer y el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.
Un oficio del 1 de julio de 2026 sumó otra arista: solicitó información sobre la inscripción de esos hospitales como generadores de residuos peligrosos y, de corresponder, las cantidades mensuales generadas desde junio de 2025. La documentación presenta incluso una diferencia de carátulas, ya que en una versión se mencionan los hospitales Laura Bonaparte y Ramón Carrillo, mientras que la respuesta provincial hace foco en Inareps, Sommer y Posadas, una divergencia que hasta ahora no fue aclarada.
Ocho proveedores y un nexo internacional
En su informe, Salud bonaerense identificó a ocho proveedores que surgieron de las compras relevadas: Hábitat Ecológico S.A., Desler S.A., Lamcef S.A., Sistemas Ambientales S.A., Bahía Ecológico S.A., Traeco S.A., R.C. Radiología Castelar S.R.L. y la monotributista Orzusa Karina Edith. La cartera remarcó que no se trata de un registro completo de operadores habilitados, ni implica que estas firmas estén imputadas en la causa.
- Hábitat Ecológico S.A. aparece mencionada en una acusación estadounidense de 2024 contra el exdirector financiero regional de Stericycle, Abraham Cigarroa Cervantes.
- Según la documentación internacional, esta y otras firmas integraban la denominada estructura histórica de “Stericycle Argentina”.
- Esa referencia no alcanza para extender sospechas al resto de los proveedores bonaerenses ni para atribuir responsabilidades sin pruebas adicionales.
La propia administración provincial subrayó que la inclusión de empresas en los listados responde a contrataciones efectuadas y no a un juicio sobre su desempeño ni sobre eventuales irregularidades.
La provincia también marcó una distinción entre su rol como contratante y la responsabilidad de control ambiental. Señaló que la información sobre operadores, transportistas, plantas e infraestructuras autorizadas corresponde a la autoridad ambiental provincial, más allá de las competencias sanitarias del Ministerio de Salud. En paralelo, funcionarios consultados indicaron que no emitirán nuevas opiniones públicas hasta que avancen la causa judicial y los sumarios internos, un escenario que mantiene abierto el interrogante sobre la solidez de los mecanismos de control en un sector clave para la salud pública y el ambiente.
