Reino Unido renueva permisos petroleros en medio de la disputa por Malvinas
NewsITe
La administración británica de las Islas Malvinas decidió prorrogar por cinco años las licencias vigentes para la exploración y explotación de hidrocarburos offshore en el Atlántico Sur, en un movimiento que vuelve a tensar la histórica disputa con la Argentina por la soberanía y el control de los recursos naturales en la zona.
La medida, avalada por el Reino Unido, permite que las compañías que ya operan en el área continúen con sus proyectos en torno al archipiélago. Además, las licencias contemplan una eventual extensión por otros dos años, siempre que las empresas cumplan con los compromisos de inversión y los programas de trabajo acordados con las autoridades isleñas.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, sostuvo Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, en declaraciones difundidas en el archipiélago.
El proyecto Sea Lion y el avance sobre los recursos energéticos
Entre los desarrollos afectados por la renovación de permisos se destaca el proyecto Sea Lion, uno de los más avanzados en la cuenca norte de Malvinas. Ubicado a unos 220 kilómetros del archipiélago, el yacimiento es liderado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Las empresas proyectan iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.
En paralelo al avance de estas iniciativas, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas a la puesta en marcha de Sea Lion. La resolución judicial respondió a una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, que cuestionan la legalidad y el impacto ambiental de las actividades.
Más empresas involucradas y nuevas adquisiciones
Además de Navitas y Rockhopper, operan en la zona otras firmas con permisos exploratorios otorgados por la administración isleña, entre ellas las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, así como la canadiense JHI. El esquema apunta a consolidar un polo de explotación hidrocarburífera en aguas circundantes a las islas.
En ese marco, las autoridades de las Malvinas autorizaron que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, vecino a Sea Lion, mediante un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates. Según el comunicado difundido desde el archipiélago, la operación busca “acelerar la evaluación y el desarrollo” de ese bloque, reforzando la presencia de la compañía israelí en la región.
Postura argentina y marco internacional
El Gobierno argentino considera que todas las licencias concedidas por el Reino Unido y la administración isleña son ilegales, y sostiene que cualquier actividad relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área debe contar con autorización de las autoridades nacionales. En los últimos años, la Cancillería intensificó las acciones diplomáticas y legales contra las empresas que operan sin permiso argentino.
Desde Londres, en cambio, se rechaza esa posición y se insiste en que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre compañías que actúan bajo normativa británica en las islas. El Reino Unido reivindica, además, el supuesto derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.
Argentina invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a no adoptar medidas unilaterales que alteren la situación mientras permanezca pendiente la resolución de la disputa de soberanía.
La prórroga de las licencias petroleras se suma así a una larga serie de gestos unilaterales en torno a los recursos del Atlántico Sur, y reaviva un frente de conflicto que combina intereses energéticos, cuestiones ambientales y el reclamo histórico de la Argentina sobre las Islas Malvinas.
