Tribunal británico cuestiona los allanamientos en la causa contra Andrés
NewsITe
La policía del distrito de Thames Valley, en el Reino Unido, reconoció ante el Tribunal Superior que las órdenes judiciales utilizadas para allanar las residencias del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en febrero fueron ilegales. El caso se enmarca en la investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas vinculada a los archivos del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Andrés, que niega cualquier delito, había sido detenido el 19 de febrero bajo sospecha de haber compartido información confidencial con Epstein cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. Tras su arresto, la defensa del expríncipe cuestionó la legalidad de las órdenes de registro, lo que derivó en la revisión judicial que ahora expuso las fallas en el procedimiento.
De acuerdo con lo informado por la BBC, The Guardian y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, la propia fuerza de Thames Valley admitió que “la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta”. Pese a ello, los allanamientos ya se habían concretado en dos propiedades clave: la antigua residencia del duque de York en la finca de Sandringham y la vivienda de Royal Lodge, en Windsor.
Durante esos operativos, los agentes incautaron documentación y dispositivos electrónicos considerados sensibles para la causa. Sin embargo, la anulación de las órdenes abrió un nuevo frente legal: qué hacer con el material obtenido. El juez Nicholas Hilliard confirmó que las órdenes de registro fueron dejadas sin efecto, pero aclaró que eso no implica el fin de la investigación ni invalida automáticamente todas las actuaciones.
La disputa por el material incautado y los próximos pasos
La policía de Thames Valley presentó una nueva solicitud al Tribunal Superior para conservar los bienes secuestrados, bajo el argumento de que podrían haberse incautado legalmente mediante otra figura jurídica. La defensa de Mountbatten-Windsor se opone a esa maniobra y sostiene que mantener el material vulneraría las garantías del proceso.
El eje del debate gira en torno a los estrictos resguardos que impone la ley británica sobre registros domiciliarios, en especial cuando hay información confidencial de por medio. Antes de apropiarse de documentación o dispositivos, los investigadores deben justificar de manera precisa la necesidad de hacerlo y demostrar que esos elementos podrían tener un “valor sustancial” para la pesquisa.
Una fuente policial de alto rango citada por la prensa británica afirmó que este revés “no va a paralizar la investigación ni a afectar las posibilidades de éxito”. Al mismo tiempo, reconoció que el fallo expondrá a la fuerza a críticas públicas: “Los medios de comunicación podrían decir que la policía se equivocó. Pero la decisión judicial (de conceder la orden) fue incorrecta”.
- Las órdenes de registro iniciales fueron declaradas ilegales por utilizar una base normativa inadecuada.
- El material secuestrado sigue en poder de la policía, pendiente de una nueva decisión judicial.
- La causa se vincula con posibles filtraciones de información confidencial a Jeffrey Epstein.
“El hecho de que se hayan anulado las órdenes de registro no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación sea ilegal”, remarcó el juez Nicholas Hilliard.
Tras la audiencia, se fijó una nueva instancia para 2027, en la que la Justicia deberá resolver si los documentos y dispositivos electrónicos secuestrados podrán finalmente utilizarse como prueba. Hasta entonces, el caso mantendrá bajo presión tanto a la policía de Thames Valley como al entorno del expríncipe, mientras el Reino Unido sigue atento a una de las causas más sensibles que rodean a la familia real.
