El Gobierno del Reino Unido ratificó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La definición se conoció mientras la Argentina profundiza sus acciones administrativas y judiciales contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Gobierno del Reino Unido confirmó que toda nueva licencia para explorar o explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirá el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La definición quedó asentada en una respuesta parlamentaria del 1 de octubre y ratifica que Londres conserva una instancia de aprobación sobre los permisos futuros.
La aclaración surgió a partir de una consulta presentada en la Cámara de los Lores por el conservador Lord Moynihan. En su respuesta, el subsecretario parlamentario Lord Wood of Anfield sostuvo que el gobierno de las islas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo hidrocarburífero y su marco regulatorio. Sin embargo, precisó que las nuevas licencias requieren el consentimiento del secretario de Estado británico.
La misma posición ya había sido expuesta el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes. En aquella oportunidad, el Foreign Office indicó que el secretario de Estado debe actuar conforme a la legislación vigente en las islas al evaluar nuevas licencias. Y aclaró que la política británica de concesiones de petróleo y gas aplicable al Reino Unido no rige allí.
El Foreign Office conserva la instancia de aprobación
La confirmación otorga un papel directo al Foreign Office sobre eventuales permisos nuevos. Actualmente, ese cargo está en manos de Ed Miliband, quien asumió como secretario de Estado de Asuntos Exteriores el 20 de julio de 2026.
Londres mantiene al mismo tiempo su posición histórica sobre la explotación de recursos naturales en las islas. Lord Wood afirmó que el Reino Unido considera ese desarrollo parte del derecho de los habitantes del archipiélago a la autodeterminación, postura que la Argentina rechaza en el marco de la disputa de soberanía.
La respuesta parlamentaria evitó pronunciarse sobre licencias individuales. También indicó que la administración isleña siguió sus procedimientos internos en relación con Sea Lion, incluido el análisis de impacto ambiental del proyecto.
La Argentina elevó la presión sobre el proyecto Sea Lion
La definición británica se conoce en medio de una ofensiva administrativa y judicial impulsada desde Buenos Aires contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera en la zona. El Gobierno argentino anunció el 3 de septiembre nuevas medidas frente al avance de Sea Lion. Un día después, informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.
Además, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto mientras se tramita una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano. La cautelar fue comunicada el 16 de septiembre.
El Ejecutivo argentino también reglamentó en septiembre el régimen sancionatorio previsto por la Ley 26.659 para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional en los espacios que la Argentina considera parte de su plataforma continental.
Sea Lion apunta a producir petróleo desde 2028
Sea Lion es actualmente el principal proyecto petrolero previsto en aguas próximas a las Malvinas. Navitas Petroleum posee una participación del 65% y actúa como operador, mientras que Rockhopper mantiene el porcentaje restante. Ambas compañías ya adoptaron la decisión final de inversión para el desarrollo inicial y proyectan obtener el primer petróleo en marzo de 2028.
El proyecto se ubica aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago y utiliza licencias preexistentes. Esa condición explica por qué la reciente respuesta de Londres, enfocada específicamente en permisos nuevos, no permite determinar por sí sola qué intervención tuvo el actual secretario de Estado en las autorizaciones ya concedidas para Sea Lion.
Dos posiciones enfrentadas sobre la soberanía
El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a disponer de los recursos naturales del territorio bajo el principio de autodeterminación. Esa fue nuevamente la posición expresada por el Foreign Office en sus respuestas parlamentarias de septiembre y octubre.
La Argentina, en cambio, considera que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por Naciones Unidas. Nuestro país rechaza cualquier explotación de hidrocarburos realizada sin autorización nacional. Sobre esa base, el Gobierno argentino mantiene abiertas acciones diplomáticas, administrativas y judiciales contra empresas que participan del desarrollo petrolero en la zona.
La nueva precisión británica incorpora así un dato institucional concreto a esa disputa: frente a futuras licencias hidrocarburíferas, la autorización no quedará exclusivamente en manos de la administración isleña. Deberá, por el contrario, atravesar también la instancia de consentimiento del Gobierno británico.
