Diputados aprobó una reforma laboral con cambios estructurales
NewsITe
El oficialismo dio un paso decisivo con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, que ahora buscará convertirse en ley en el Senado la próxima semana. La iniciativa introduce modificaciones profundas en la ley de contrato de trabajo, el régimen sindical y el alcance del derecho de huelga, entre otros aspectos sensibles de las relaciones laborales en la Argentina.
El texto propone una fuerte descentralización de la negociación colectiva, redefine el alcance de las indemnizaciones, crea un fondo especial para afrontar despidos y habilita un esquema más flexible para la organización de la jornada laboral. También incorpora cambios en materia impositiva, en el régimen de inversiones y en el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.
De ser convertida en ley, la reforma impactará tanto en trabajadores como en empleadores de todos los sectores, desde grandes compañías hasta pymes y plataformas digitales. A continuación, los principales puntos del proyecto y cómo podrían cambiar las reglas del juego en el mundo del trabajo.
Contratos, convenios y jornada laboral
Uno de los ejes centrales de la reforma es la negociación colectiva. Los convenios por empresa ganan protagonismo, ya que se establece que los convenios de ámbito mayor no podrán modificar lo acordado en convenios de ámbito menor. Esto le resta peso a las estructuras sindicales tradicionales y promueve acuerdos más segmentados.
En cuanto a la vigencia de los convenios, se limita la llamada “ultraactividad”: los convenios colectivos vencidos no mantendrán todos sus efectos hasta que se firme uno nuevo, sino únicamente las normas vinculadas a condiciones de trabajo básicas.
La reforma también introduce el “banco de horas”, que permite compensar jornadas más largas en determinados días con otras más cortas, siempre sin superar el máximo legal semanal. La jornada diaria podría extenderse hasta 12 horas, con 12 horas de descanso obligatorio.
Indemnizaciones, fondo laboral y salarios dinámicos
El esquema general de indemnizaciones se mantiene en un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Sin embargo, se excluyen del cálculo ciertos conceptos no mensuales, como aguinaldo, vacaciones y premios que no se abonen todos los meses.
Se crea, además, un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con una contribución mensual del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas. A cambio, las compañías podrán acceder a descuentos en las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social (ANSES), con la finalidad de aliviar el costo de los despidos.
Otra novedad es la posibilidad de incorporar componentes salariales “dinámicos”, adicionales, fijos o variables, negociados por actividad, región, empresa o incluso en forma individual. A la vez, se habilita el pago de remuneraciones en moneda extranjera, además de la moneda local y las formas ya permitidas por la ley actual.
Vacaciones, antigüedad y certificados médicos
El período para otorgar las vacaciones se fija entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente, con la opción de dividirlas en períodos no menores a 7 días. Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con al menos 45 días de anticipación, salvo acuerdos distintos establecidos en los convenios colectivos.
Respecto de la antigüedad, se computará el tiempo de servicio anterior cuando un trabajador reingrese a la misma empresa, salvo que hayan transcurrido más de dos años entre el cese y el nuevo ingreso, en cuyo caso la antigüedad previa no se sumará.
La iniciativa también endurece los requisitos para la validez de los certificados médicos por enfermedad o accidente no laboral. En caso de discrepancias entre los certificados del trabajador y de la empresa, se prevé la posibilidad de convocar a una junta médica.
Sindicatos, huelgas y bloqueos
En el plano sindical, el proyecto limita al 2% el tope de las cuotas solidarias y condiciona la realización de asambleas en los lugares de trabajo a la autorización del empleador. Los delegados contarán con un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones.
El derecho de huelga se ve restringido mediante la declaración de “servicios esenciales”, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con una cobertura mínima del 50%. La norma también tipifica como “infracciones muy graves” los bloqueos que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a medidas de fuerza, especialmente cuando medien actos de intimidación o amenazas.
Responsabilidad en tercerizaciones y trabajo en plataformas
Otro cambio relevante es la eliminación de la responsabilidad solidaria de la empresa principal frente a los trabajadores de firmas tercerizadas. Los empleados serán considerados directos solo de quien registre la relación laboral, aun cuando presten servicios para otra compañía.
En el caso de las plataformas digitales, los repartidores pasan a ser considerados “prestadores independientes”, sin relación de dependencia. No obstante, las empresas deberán contratar seguros por accidentes y ofrecer instancias de capacitación para estos trabajadores.
Inversiones, impuestos y Justicia Laboral
La reforma crea un nuevo Régimen de Inversiones (RIMI) para pymes y nuevos emprendimientos, con beneficios en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. También se establecen incentivos para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo mediante reducciones de contribuciones patronales.
En materia tributaria, se prevé la derogación de impuestos internos a embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y determinados productos suntuarios. A partir de 2026, se eximirían los intereses de plazos fijos en dólares y la venta de inmuebles destinados a casa habitación. Asimismo, se propone eximir del gravamen a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego del sector agroindustrial.
En el terreno institucional, el proyecto dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con el proceso de transferencia de competencias judiciales.
Derogaciones y cambios en cultura y teletrabajo
La iniciativa posterga hasta 2028 la eliminación de las principales fuentes de financiamiento del INCAA, entre ellas el 10% de las entradas de cine, otro 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom.
En paralelo, se deroga la ley de teletrabajo para reemplazarla por modalidades consideradas más flexibles, cuyos detalles deberán ser reglamentados. Además, se prevé la eliminación gradual de estatutos específicos, como el Estatuto del Periodista Profesional, en un plazo de un año desde la sanción de la ley.
Mientras el oficialismo apuesta a que la reforma contribuya a generar empleo formal y atraer inversiones, sectores sindicales y de la oposición advierten por una posible pérdida de derechos laborales y mayor conflictividad social. El desenlace se definirá en el Senado, donde el Gobierno deberá asegurarse los votos para convertir este amplio paquete de cambios en ley.
