Cuatro meses de reforma laboral: fuerte impacto en empleo y empresas

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A cuatro meses de la entrada en vigencia de la denominada Ley de Modernización Laboral, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte por un deterioro acelerado del empleo formal y del entramado productivo. Según el relevamiento, en ese período se perdieron 36.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 6.905 empresas en todo el país, lo que pone bajo la lupa las promesas oficiales de impulsar la contratación y la creación de nuevas firmas.
La norma comenzó a aplicarse en marzo de 2026 con el objetivo declarado de “dinamizar” el mercado laboral, flexibilizar modalidades de contratación y reducir costos para los empleadores. Sin embargo, la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el IAG concluye que los resultados se alejan de las expectativas iniciales y se inscriben en un proceso de destrucción de empleo que ya acumula más de un año.
De acuerdo con el estudio, el empleo privado formal registra 13 meses consecutivos de caída, con un saldo de 241.200 puestos menos desde el cambio de gestión nacional en noviembre de 2023. El retroceso abarca prácticamente a todas las ramas de actividad, incluso a sectores considerados dinámicos en los últimos años, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera.
El trabajo remarca, en línea con un reporte del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que los rubros que todavía muestran crecimiento en producción o facturación no se traducen en generación neta de nuevos empleos registrados. La tasa de entrada al mercado formal cayó hasta un piso de 1,6% sobre el total de ocupados, lo que explica parte de la contracción de la masa asalariada.
Informalidad en alza y récord de cierres empresariales
Mientras se achica el universo de trabajadores registrados, crece con fuerza la informalidad. El Monitor del IAG indica que la desocupación se ubica en 7,9%, la subocupación llega al 11,5% y la informalidad escaló al 45% de los ocupados, el valor más alto desde que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) comenzó a medir de manera sistemática este indicador.
En la actualidad, más de 6 millones de personas trabajan en condiciones informales en la Argentina. Solo en el último año, el sector no registrado sumó 348.000 puestos, impulsados principalmente por el cuentapropismo y actividades de baja productividad, muchas veces vinculadas a estrategias de supervivencia frente a la falta de empleo estable.
El panorama para las empresas tampoco es alentador. Desde el inicio de la actual gestión nacional cerraron 31.342 firmas, de las cuales 6.905 dejaron de operar durante los primeros cuatro meses de aplicación de la reforma laboral. Solo en el último mes analizado por el Monitor se perdieron 709 compañías.
- El 47% de los cierres corresponde a empresas de hasta 100 trabajadores, con fuerte golpe a pymes.
- Las firmas de 1 a 10 empleados registraron una caída del 6,8%, reflejando la fragilidad del segmento más pequeño.
- Los sectores más afectados son Comercio (-8.758 empresas), Transporte y almacenamiento (-6.915) e Industria (-4.158).
- El cierre de establecimientos alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones, con mayor impacto en provincias del Norte Grande y Cuyo.
- Neuquén aparece como única excepción, con un leve saldo positivo de 72 empresas.
Cuestionamientos a los incentivos de la ley y pérdida de poder adquisitivo
Al analizar las herramientas centrales de la reforma, el IAG concluye que la ampliación del período de prueba y la implementación del banco de horas “no parecen haber sido suficiente incentivo” para que el sector privado incremente las contrataciones formales bajo el nuevo esquema legal. Para los autores del informe, las medidas se aplicaron en un contexto de fuerte recesión y caída del consumo, lo que limita su impacto potencial.
En paralelo, la evolución de los salarios profundiza la preocupación. El estudio detalla que, a cuatro meses de la aprobación de la ley, el salario privado registrado acumula una pérdida real del 3,7% respecto del promedio de enero-noviembre de 2023, al compararlo con la inflación oficial. El IAG sostiene que, si se toma en cuenta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado que el Gobierno no implementó a comienzos de año, la caída trepa al 8%.
“La combinación de destrucción de empleo formal, aumento de la informalidad, cierre de empresas y pérdida del poder adquisitivo del salario dibuja un cuadro de deterioro laboral y productivo de magnitud histórica”, resume el informe del Instituto Argentina Grande.
El relevamiento también señala que el salario del sector público nacional sufrió un recorte aún más profundo: una merma real del 37,8% en el mismo período analizado. En ese marco, el debate sobre los efectos de la reforma laboral y la necesidad de políticas complementarias para sostener el empleo y el tejido productivo promete seguir en el centro de la agenda económica y social.

