El proyecto del diputado Gustavo Cuervo fija una edad mínima para el uso de redes sociales y alcanzaría a toda la provincia, incluida San Nicolás.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone establecer una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en redes sociales en toda la provincia de Buenos Aires, incluida San Nicolás. La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Gustavo Cuervo y plantea un esquema más restrictivo que el vigente o anunciado en varios países europeos.
La propuesta establece que las plataformas no podrán permitir la creación ni el uso de cuentas por parte de menores de 13 años y no contempla excepciones, ni siquiera con autorización expresa de padres o tutores. La responsabilidad del control recaería exclusivamente en las empresas propietarias o administradoras de las redes sociales.
El texto legislativo incluye dentro de la prohibición a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch y Kick. Además, fija que las compañías deberán implementar mecanismos de verificación de edad “adecuados” y que esos sistemas “deberán ser auditables por la autoridad de aplicación”.
Al presentar la iniciativa, Cuervo expresó en sus redes sociales: “Presentamos un proyecto de ley para establecer una edad mínima real de 13 años para el uso de redes sociales en la Provincia de Buenos Aires”. En el mismo mensaje agregó: “Los chicos no son adultos digitales” y sostuvo que “las plataformas no están pensadas para su desarrollo ni para su salud mental”.
El legislador también afirmó: “La responsabilidad es de las empresas, no de las familias” y concluyó: “Cuidar a los chicos también es poner límites”.
Un esquema más duro que en Europa
El proyecto bonaerense propone un límite de edad inferior al que rige o se evalúa en distintos países. España y Australia fijaron el acceso a redes sociales a partir de los 16 años, al igual que Malasia. Francia anunció que establecerá el límite en los 15 años, el mismo umbral adoptado por Dinamarca y Noruega.
Italia, por su parte, avanzó con requisitos de control de acceso sin definir una prohibición total, mientras que la Unión Europea recomendó establecer la edad mínima en 16 años. En ese contexto, la iniciativa presentada en la provincia de Buenos Aires se ubica entre las más restrictivas.
