Aumenta la población carcelaria federal y marca un récord en cinco años

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La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) confirmó que 2025 cerró con la cifra más alta de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de los últimos cinco años. De acuerdo con el informe anual elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias, en diciembre del año pasado había 12.166 personas privadas de libertad en establecimientos federales, lo que representa un incremento del 4% respecto de 2024.
El relevamiento, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, muestra que la población carcelaria federal se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2023, pero comenzó a crecer de manera sostenida a partir de 2024. Las estadísticas oficiales detallan que hubo 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los actuales 12.166 en 2025.
La mayor parte del aumento se concentró en unidades específicas del sistema federal: la Unidad 36 de Santa Fe, el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, el CPF VI de Mendoza y el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como Devoto. Estos establecimientos vienen recibiendo mayor cantidad de ingresos y reflejan, según especialistas, el impacto combinado de políticas penales más punitivas y del incremento de causas bajo jurisdicción federal y nacional.
Cómo está distribuida la población detenida en el SPF
El informe destaca que casi dos tercios de las personas privadas de libertad cuentan hoy con condena firme, mientras que el porcentaje de procesados sin sentencia viene descendiendo en los últimos años. En 2020, las personas sin condena representaban el 50,6% de la población federal, proporción que bajó al 36,9% en 2025, en línea con una mayor resolución de causas penales.
En cuanto a la jurisdicción que ordena las detenciones, el 48,9% de los internos (5.951 personas) se encuentra a disposición de la Justicia nacional, en su mayoría por delitos comunes cometidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Un 45% (5.470 personas) responde a órdenes de la Justicia federal, ligada principalmente a causas de narcotráfico, contrabando y delitos complejos. El 6,1% restante (745 personas) está detenido a requerimiento de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mujeres, población travesti-trans y maternidad en contexto de encierro
El reporte de PROCUVIN pone el foco en los grupos con mayor vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario. Al cierre de 2025, se contabilizaron 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que equivale al 8,1% del total de la población penal. En comparación con 2024, este universo registró un crecimiento del 11,3%, lo que enciende alertas sobre el impacto diferenciado de la persecución penal en mujeres y personas LGBTI+.
Uno de los datos más sensibles del informe se vincula con la maternidad y la gestación en contexto de encierro. En diciembre de 2025 se registraron 10 mujeres embarazadas alojadas en dependencias del SPF y 16 mujeres que conviven con sus hijos e hijas dentro de las unidades penales. Se trata de la cifra más alta de los últimos años y abre el debate sobre las condiciones de crianza y el acceso a derechos básicos, como salud, educación y acompañamiento integral para estas familias.
Jóvenes y extranjeros: perfiles que preocupan
Respecto de los jóvenes de entre 18 y 21 años, el estudio consigna una caída del 19,8% en la cantidad de personas detenidas en comparación con 2024. Sin embargo, ese dato convive con una advertencia: en este grupo etario predomina la prisión preventiva. De acuerdo con PROCUVIN, el 63,2% de los jóvenes alojados en cárceles federales se encuentra sin condena firme, lo que vuelve a poner en discusión el uso extendido de esta medida cautelar.
El informe también detalla la situación de las personas extranjeras detenidas en el ámbito federal. Según las cifras oficiales, representan el 16% de la población total encarcelada en el SPF, con 1.942 personas nacidas en otros países. Este porcentaje mantiene a las personas migrantes como un colectivo de fuerte presencia en el sistema federal, muchas veces vinculadas a causas de narcotráfico y otros delitos complejos, y expuestas a dificultades adicionales en el acceso a defensa y redes familiares.
PROCUVIN volvió a insistir, a partir de estos datos, en la necesidad de monitorear las condiciones de detención y el uso de la prisión preventiva, en especial sobre mujeres, jóvenes y personas travesti-trans, para evitar agravar situaciones de vulnerabilidad social preexistentes.
Con estos números, 2025 deja al descubierto un escenario de crecimiento de la población detenida en el ámbito federal y obliga a revisar las políticas criminales y penitenciarias, así como los mecanismos de control institucional, para garantizar que el aumento de encarcelamiento no implique más niveles de hacinamiento ni mayores violaciones a los derechos humanos.

