El reclamo enfrenta como obstáculo la Ley 27.573, que exime de responsabilidad a los laboratorios por posibles efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19.
Un jubilado de Mendoza inició una demanda judicial contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca por $152.058.050. El hombre denunció haber sufrido una trombosis venosa profunda como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19.
El caso enfrenta un obstáculo clave: la Ley 27.573, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. La norma permitió la firma de contratos que liberan a los laboratorios de responsabilidad legal por efectos adversos. Además, mantiene los contratos bajo secreto y obliga a los damnificados a recurrir al Fondo de Reparación Covid 19. Ese mecanismo otorga montos fijos, solo en casos graves y científicamente comprobados.
Los rubros del reclamo judicial
El jubilado reclama daños físicos y morales, gastos médicos, incapacidad sobreviniente, pérdida de chance y un daño punitivo contra AstraZeneca. Según consta en la demanda, ya no puede manejar maquinaria agrícola, realizar deportes ni viajar.
El empresario logró costear peritajes y asesoría legal, un punto que marca la diferencia con otros posibles afectados. La ley impone la carga de la prueba sobre la víctima, lo que dificulta acceder a la Justicia sin recursos económicos.
Un planteo con posible alcance constitucional
El reclamo busca también impugnar la Ley 27.573. En caso de avanzar, podría abrir un debate constitucional sobre el derecho a la reparación frente a los posibles efectos adversos de las vacunas aplicadas en la pandemia.
