El Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona, España y una sentencia histórica.
Barcelona se convirtió en escenario de un fallo judicial histórico en España. El Juzgado de lo Social N° 31 dictaminó que los efectos adversos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca (Vaxzevria) pueden ser considerados accidente laboral, marcando un precedente en la jurisprudencia nacional.
El caso de Pedro García
La resolución favorece a Pedro García, profesor de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó. En 2021, García recibió la vacuna AstraZeneca como parte del grupo de trabajadores esenciales. Semanas después desarrolló una trombosis severa, con internación de más de tres semanas, incluyendo una en terapia intensiva.
El diagnóstico confirmó trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria, reacción reconocida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
El fallo judicial en España
Con el patrocinio del abogado Francesc Feliu, especialista en Derecho Sanitario, García demandó que su cuadro fuera considerado accidente laboral. El tribunal reconoció un vínculo directo entre la vacunación y su actividad profesional.
El fallo, emitido el 17 de marzo, establece que las secuelas médicas deben tratarse como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica mayor cobertura y protección social.
Repercusiones y antecedentes
La Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA) celebró la sentencia como “el primer gesto de justicia” tras años de reclamos. “Es un reconocimiento público al recorrido de estos cuatro años de silenciamiento”, señalaron.
Actualmente, García permanece bajo seguimiento médico por una obstrucción permanente en la vena que conecta con el hígado. Aunque su estado es estable, especialistas advierten posibles complicaciones a futuro.
Un precedente para otros casos
El fallo abre la puerta a nuevas demandas de trabajadores esenciales afectados por efectos adversos de la vacuna AstraZeneca. Se trata de una decisión que puede marcar el rumbo de futuras reclamaciones judiciales en España.
