Siguen detenidas tres mujeres por la causa de extorsión al soldado
NewsITe
Tres mujeres seguirán detenidas en el penal de Olmos luego de que la Justicia Federal de San Isidro rechazara el pedido de excarcelación presentado por sus defensas. Están acusadas de integrar una organización delictiva dedicada a extorsionar a hombres a través de aplicaciones y redes, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Residencia Presidencial de Olivos.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal federal Federico Iuspa. Ambos consideraron que existen riesgos procesales concretos si las imputadas recuperan la libertad, tanto por la posible interferencia en la investigación como por la chance de que se repitan hechos similares.
De acuerdo con información difundida por el sitio Fiscales.gob y fuentes judiciales, la banda estaría integrada también por al menos tres hombres que ya se encuentran alojados en las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, además de otra mujer y personas aún no identificadas. Según la pesquisa, los reclusos manejaban la operatoria desde el interior de los penales, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudadoras y se encargaban de retirar el dinero exigido a las víctimas bajo amenazas.
Cómo operaba la banda y el impacto del caso
La organización habría actuado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado. La Justicia le atribuye, en esta etapa de la investigación, al menos tres hechos concretos, aunque se sospecha que podrían existir más víctimas que aún no se presentaron o no fueron identificadas. La modalidad incluía la obtención de supuestos contenidos íntimos y la posterior amenaza de difundirlos en entornos digitales si no se efectuaban pagos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había explicado que los siete reclusos coordinaban las maniobras desde las unidades penitenciarias, aprovechando el uso de teléfonos celulares dentro de los penales. En la misma línea, la jueza Arroyo Salgado advirtió públicamente que la utilización irrestricta de dispositivos móviles por parte de detenidos facilita la comisión de delitos complejos. “No es algo novedoso, tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, remarcó, y describió al aparato como un “arma letal” en este tipo de maniobras.
La causa se inició formalmente el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El joven se quitó la vida en una de las garitas de la Quinta de Olivos, donde prestaba servicio de custodia. Dejó una carta de despedida a su familia en la que expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva y pidió perdón por su decisión, que describió como impulsada por no querer ser una carga para sus seres queridos.
Fundamentos para mantener las detenciones preventivas
En su dictamen, el fiscal Iuspa se opuso a la excarcelación de las tres mujeres al ponderar la gravedad de los hechos, el desenlace trágico que tuvo la situación de Gómez y la posibilidad de que existan más damnificados. Sostuvo que si las imputadas quedaran en libertad podrían entorpecer la producción de pruebas, influir sobre testigos o víctimas y coordinar nuevas maniobras delictivas.
La jueza Arroyo Salgado coincidió con esos argumentos y subrayó la existencia de una estructura organizada, con distribución de roles, recursos y capacidad de intimidación. Además, resaltó que todavía se encuentran en análisis los teléfonos celulares secuestrados en distintos operativos, pericias que podrían aportar nuevos elementos sobre el alcance de la red y la identificación de otros posibles implicados.
“Persiste un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y de reiteración delictiva, lo que torna prematuro conceder la libertad a las imputadas mientras se completan las medidas de prueba pendientes”, sostuvo la magistrada en la resolución.
En paralelo, el caso volvió a encender el debate sobre los controles en las cárceles y el uso de dispositivos electrónicos por parte de los internos, así como la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y denuncia ante extorsiones digitales que afectan a víctimas en todo el país.
