En el texto que elevará al máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires se garantiza el compromiso del Ejecutivo con la preservación del Delta del Paraná. Durante su paso por el Concejo, la propuesta incorporó nuevas herramientas para sumar a los vecinos y publicar los controles ambientales. Además, creó un fondo específico e incluyó visitas educativas para promover el cuidado del Eco Parque.
El Ejecutivo elevará a la Suprema Corte de Justicia bonaerense el texto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante para solicitar que revise la medida cautelar que mantiene cerradas Barranquitas y El Arenal. El documento establece las condiciones bajo las cuales el Municipio pretende recuperar el acceso público sin abandonar la conservación de los bosques nativos, los humedales y los ambientes ribereños del Eco Parque.
El artículo establece que los resultados de los controles ambientales deberán ser “debidamente comunicados y publicados por la autoridad de aplicación para el conocimiento pleno de la comunidad”. También dispone que el área encargada deberá “implementar un canal de comunicación directa con la población”, que podrá funcionar mediante la página web, el chatbot u otras herramientas digitales de la Municipalidad.
La participación ciudadana también ocupa un importante lugar. La elaboración estuvo precedida por un procedimiento abierto en el que se recibieron 4856 opiniones, sugerencias y consultas, mientras que la versión definitiva obliga al área responsable a mantener una comunicación directa con la comunidad durante su aplicación.
La aprobación del Concejo no habilita automáticamente los dos sectores. El Ejecutivo utilizará el documento para respaldar su pedido ante la Suprema Corte, pero Barranquitas y El Arenal continuarán clausuradas hasta que el tribunal resuelva si mantiene o modifica la cautelar vigente.
Como consignó EL NORTE, la regulación divide las más de 2100 hectáreas del Eco Parque según las características ambientales de cada sector. Algunas zonas tendrán un nivel de protección estricto y estarán destinadas principalmente a la conservación, mientras que otras permitirán actividades recreativas, educativas, científicas o turísticas bajo condiciones específicas.
Quedarán prohibidas las obras o intervenciones que puedan “alterar significativamente el equilibrio ecológico del sector, degradar el paisaje natural, afectar la biodiversidad o comprometer los objetivos” establecidos. La caza, la introducción de especies invasoras, el abandono de residuos, las actividades contaminantes, los desmontes no autorizados y los desarrollos incompatibles con el carácter natural del lugar también estarán impedidos.
La circulación vehicular solo podrá realizarse por los caminos habilitados. El documento fija una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, prioriza los desplazamientos a pie y en bicicleta y prohíbe que los vehículos ingresen en sectores no autorizados.
El Acuerdo de Escazú
El texto incorpora expresamente los principios del Acuerdo de Escazú, aprobado en la Argentina mediante la Ley Nacional 27.566. Este marco reconoce el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales, por lo que su inclusión busca garantizar que las decisiones sobre el Eco Parque no queden limitadas al ámbito administrativo.
El texto crea además el Fondo de Preservación y Desarrollo del Eco Parque San Nicolás. Allí ingresará el dinero obtenido mediante concesiones, contratos y multas, que deberá utilizarse exclusivamente para el mantenimiento del espacio, la mejora de su infraestructura y la protección de la flora y la fauna.
Otro artículo incorpora un programa permanente de visitas guiadas para vecinos, turistas e instituciones educativas. Los recorridos estarán destinados a difundir las especies autóctonas, fortalecer el cuidado de los ecosistemas y explicar el valor ambiental del arroyo Yaguarón y sus zonas cercanas.
La presentación judicial incluirá el Plan de Conservación del Bosque Nativo del Eco Parque San Nicolás y sus zonas cercanas, aprobado por el Ministerio de Ambiente bonaerense en octubre de 2025. Ese documento funciona como el principal instrumento para administrar el área y determinar las condiciones que deberá respetar cada actividad.
Con la regulación aprobada por el Concejo, el plan ambiental y los antecedentes de participación ciudadana, el Ejecutivo buscará demostrar ante la Suprema Corte que la recuperación del acceso puede realizarse bajo controles y límites concretos. La decisión sobre la reapertura de Barranquitas y El Arenal, sin embargo, continuará en manos del máximo tribunal provincial.
