La jueza municipal Sol Aroza detalló los pasos legales que rigen la notificación, las multas y la intervención del Estado en lotes abandonados, y remarcó la responsabilidad social de los propietarios ante riesgos sanitarios y de seguridad.
La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.
La problemática volvió a tomar relevancia en los últimos días luego de que el Municipio informara la regularización de al menos 12 terrenos en ambas localidades. En ese contexto, la magistrada explicó por qué las intervenciones no siempre resultan inmediatas y cuáles son los pasos legales que deben cumplirse.
Aroza señaló que el proceso se rige por la ordenanza 7306/25, que establece el marco normativo actual. “Es importante que los vecinos conozcan cómo funciona el procedimiento, porque muchas veces se espera una respuesta rápida que no siempre es posible”, indicó.
Según detalló, la actuación comienza con la constatación de la infracción por parte de los inspectores municipales, quienes labran el acta correspondiente. Luego se inicia la etapa de notificación al propietario, una instancia que suele presentar dificultades debido a la antigüedad de muchas registraciones dominiales.
“Hay propiedades con más de cien años de antigüedad, y no siempre es sencillo localizar a los titulares”, explicó. En ese sentido, destacó que el Estado debe respetar el debido proceso, garantizando el derecho a defensa mediante notificaciones formales, edictos y plazos legales.
Una vez notificado, el propietario dispone de siete días para limpiar el terreno. En caso de cumplir con la intimación, igualmente se aplica la multa prevista, ya que la infracción existió al momento de la constatación.
Si el responsable no realiza la limpieza dentro del plazo establecido, el Municipio queda habilitado para ingresar al predio y ejecutar los trabajos. En estos casos, además de la sanción, se genera una deuda por los costos de la intervención, que debe ser afrontada por el propietario.
Respecto a los 12 terrenos recientemente regularizados, la jueza indicó que, en la mayoría de los casos, fue el Estado quien debió encargarse de las tareas de limpieza. Asimismo, advirtió que el incumplimiento reiterado puede derivar en restricciones para realizar trámites municipales, como habilitaciones o licencias.
Aroza remarcó que la presencia de malezas no implica únicamente un problema visual. Señaló que favorece la proliferación de roedores, aumenta el riesgo sanitario y puede facilitar situaciones de inseguridad en zonas con terrenos abandonados.
También hizo referencia a la disposición indebida de residuos en baldíos y espacios públicos, y recordó que la responsabilidad sobre la basura recae en quien la genera. En este punto, llamó a fortalecer la conciencia comunitaria y la colaboración con el Municipio.
Finalmente, destacó que los vecinos afectados pueden accionar de manera particular ante situaciones que los perjudiquen, además de recurrir al Juzgado de Faltas para canalizar denuncias y reclamos.
“Tenemos que entender como sociedad que mantener nuestras propiedades en condiciones es una obligación, especialmente cuando el incumplimiento afecta a otros”, expresó, y valoró el trabajo de control que viene realizando el Ejecutivo municipal.
