La situación de dos personas de la comunidad travesti-trans de Ramallo volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento de la Dirección de Géneros y Diversidades de la Municipalidad. A través de una presentación formal, se solicitó la intervención urgente del Estado local para brindar asistencia integral en ambos casos, al tiempo que reaparecieron cuestionamientos sobre la falta de políticas públicas sostenidas y de respuestas concretas desde el área.
El pedido fue elevado ante la Dirección de Géneros y Diversidades y plantea la necesidad de una acción inmediata y coordinada entre distintas dependencias municipales, además de organismos provinciales y nacionales, para abordar dos situaciones que requieren acompañamiento estatal.
Uno de los casos corresponde a una persona trans adulta mayor que atraviesa una compleja realidad económica y social. Según la presentación, percibe un ingreso previsional insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, mantiene deudas por servicios esenciales y enfrenta problemas habitacionales y de salud que agravan su situación.
Frente a este escenario, se solicitó la realización de una evaluación socioambiental urgente y la implementación de medidas de asistencia que incluyan ayuda económica, alimentos, mejoras habitacionales, acompañamiento sanitario y gestiones que permitan aliviar su situación de endeudamiento.
El segundo caso involucra a una persona que permanece internada por un consumo problemático y que, una vez obtenida el alta médica, necesitará acompañamiento para acceder a una vivienda y reconstruir un proyecto de vida. En ese sentido, se pidió que el Municipio impulse las gestiones necesarias para facilitar su incorporación al empleo formal mediante el Cupo Laboral Travesti Trans previsto por la normativa vigente en Ramallo.
Más allá de las situaciones particulares, el planteo vuelve a exponer los reclamos que distintos sectores vienen realizando respecto del funcionamiento de la Dirección de Géneros y Diversidades. En los últimos meses se advirtió que la existencia del área no se ha traducido en políticas públicas permanentes, con programas de inclusión, presencia territorial y respuestas concretas para las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Incluso las organizaciones de diversidad local señalaron públicamente que la dependencia municipal carece de una planificación sostenida y reclamaron mayor presupuesto, programas específicos y acciones que no dependan exclusivamente de iniciativas aisladas. También remarcaron la necesidad de fortalecer la articulación con las áreas de Salud, Desarrollo Social y Empleo para garantizar un abordaje integral de los casos más complejos.
A esos cuestionamientos se suman los conflictos internos que atravesó la propia Dirección de Géneros y Diversidades durante el último tiempo. Trabajadoras del área manifestaron preocupación por cambios en la conducción, advirtiendo que esas decisiones podían afectar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los equipos técnicos especializados.
En este contexto, el nuevo pedido busca que el Municipio deje de limitar su intervención a una recepción administrativa de los reclamos y avance con medidas concretas que permitan garantizar derechos. La demanda apunta a que el Estado local articule recursos disponibles y dé respuestas rápidas a personas que enfrentan dificultades habitacionales, económicas, sanitarias y de acceso al trabajo.
