El Gobierno advierte a 180 empresas por sus negocios en Malvinas
NewsITe
El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno nacional notificó a unas 180 empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas que deberán optar entre mantener sus operaciones en el archipiélago bajo licencias británicas o seguir invirtiendo en la Argentina, donde se aplicará con mayor rigor el régimen de sanciones previsto en la Ley 26.659.
El mensaje fue expuesto en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones, ante un auditorio de empresarios y ejecutivos del sector financiero y energético. Allí, Quirno enmarcó la decisión en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reforzar la defensa de los recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur y utilizar el peso del mercado argentino como instrumento de presión.
Quirno recordó que la Ley 26.659, sancionada en 2011, estableció la prohibición de operar en Argentina para las petroleras que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma de Malvinas sin autorización de Buenos Aires. Sin embargo, el canciller planteó que, en aquel momento, el escenario energético era diferente: Vaca Muerta aún no se perfilaba como el gran polo de atracción de inversiones que es hoy, por lo que las compañías tenían menos incentivos económicos para priorizar el mercado argentino frente al disputado territorio isleño.
“Hoy lo que estamos haciendo es generar ese desincentivo: que tengan que elegir entre invertir en un territorio en disputa, con licencias que consideramos ilegales, o venir a la Argentina, donde hay seguridad jurídica y un potencial de negocios mucho mayor”, señaló el funcionario, aludiendo tanto a las firmas operadoras como a toda la cadena de servicios asociada.
Alcance ampliado y cambios legales en camino
El canciller detalló que el nuevo decreto reglamentario apunta a ampliar el universo de empresas alcanzadas y a agilizar el procedimiento sancionatorio. No solo quedarán bajo la lupa las petroleras que operen directamente en Malvinas, sino también sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y otras actividades vinculadas. Según precisó, se trata de unas 180 compañías que ya fueron formalmente advertidas de las posibles consecuencias.
En paralelo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, con el objetivo de fortalecer el esquema de sanciones pero, al mismo tiempo, abrir una vía de retorno para aquellas firmas que decidan retirarse de Malvinas y reorientar sus inversiones hacia Argentina. Quirno explicó que el régimen actual deja a las empresas sancionadas “encerradas”, sin posibilidad de reincorporarse al mercado argentino.
Otra novedad es la incorporación de una declaración jurada para quienes deseen acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los aspirantes deberán acreditar que no violan la Ley 26.659 ni participarán en emprendimientos hidrocarburíferos en las islas en disputa. Esa condición quedará atada a la redacción final que apruebe el Congreso en la reforma de la norma.
Malvinas, recursos estratégicos y la relación con el Reino Unido
Quirno enmarcó estas medidas en una política más amplia de “valorización de los activos estratégicos” del país, entre ellos los recursos energéticos del Atlántico Sur. Según sostuvo, el objetivo es reposicionar a la Argentina en el tablero internacional, reforzar las herramientas de presión diplomática frente al Reino Unido y respaldar con hechos las protestas formales que el país viene presentando en los foros multilaterales.
Desde la Cancillería destacan que el endurecimiento del frente económico se suma al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas y busca desalentar la consolidación de un esquema de explotación hidrocarburífera bajo control británico. La advertencia a las 180 empresas, remarcan, es un mensaje directo a los inversores: el Gobierno pretende que ningún actor global pueda permanecer simultáneamente en Malvinas y en los principales proyectos energéticos argentinos.
“Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”, remarcó Quirno, al sintetizar la lógica que guiará la política oficial hacia las compañías con presencia en el archipiélago.
Con este giro, la administración Milei busca combinar la apertura a grandes inversiones en sectores clave, como Vaca Muerta, con una posición más firme sobre Malvinas, donde considera que los hidrocarburos forman parte de un activo estratégico que debe ser defendido tanto en el terreno diplomático como en el económico.
