El magistrado bajo la lupa por el caso del pequeño Ángel
Pablo José Pérez es el juez de Familia de Comodoro Rivadavia que quedó en el centro de la polémica tras haber otorgado la tenencia de Ángel López a su madre, Mariela Altamirano. El niño, de apenas 4 años, fue luego hallado muerto y la mujer se encuentra actualmente detenida, acusada por el homicidio. La decisión judicial que definió el destino del menor vuelve a ser revisada a la luz de los graves antecedentes que pesaban sobre la imputada.
Según consta en los registros oficiales, Pérez asumió como juez de Familia en octubre de 2022, luego de aprobar el examen ante el Consejo de la Magistratura y ganar el concurso correspondiente. Desde entonces integra la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, que funciona de lunes a viernes, de 7 a 13, en la sede ubicada sobre la calle Figueroa Alcorta 90.
El magistrado egresó como abogado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y tiene entre sus funciones resolver conflictos dentro del núcleo familiar. En el ámbito del fuero de Familia, el objetivo central es la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, procurando soluciones menos traumáticas y con perspectiva de género e infancia.
Funciones y responsabilidades en el fuero de Familia
Los jueces de Familia, como Pérez, deben intervenir en procesos vinculados con la vida doméstica: custodia, régimen de comunicación, alimentos, divorcios, adopciones y otras cuestiones sensibles. En estos expedientes, se espera que el interés superior del niño sea la guía principal, por encima de los conflictos entre adultos.
En este contexto, diversas fuentes jurídicas destacan que los magistrados tienen la obligación de ponderar antecedentes, informes de equipos técnicos y situaciones de riesgo antes de definir con quién quedará el cuidado de un menor. Justamente, en el caso de Ángel, ahora se discute si esos parámetros fueron evaluados adecuadamente al momento de otorgar la tenencia.
Antecedentes, conflictos previos y cuestionamientos
De acuerdo con información a la que accedió Noticias Argentinas, la madre del niño acumulaba antecedentes graves: denuncias por maltrato y un historial que incluso habría derivado en la quita del cuidado de otro de sus hijos. Pese a ese cuadro, la decisión del juez fue trasladar a Ángel a vivir con ella.
Durante meses se registraron conflictos y denuncias cruzadas entre Luis López, padre del niño, y Altamirano. El menor quedó así atravesado por la fragilidad del sistema familiar y, según cuestionan ahora distintos actores, también por las falencias del sistema judicial. La resolución de Pérez dispuso que el chico se mudara a una vivienda humilde, donde la familia dependía de un comedor barrial para recibir el almuerzo diario.
La causa por el homicidio de Ángel continúa en trámite y se esperan nuevos detalles sobre cómo se llegó a la situación límite que terminó con la muerte del niño. En paralelo, gana fuerza el debate sobre los criterios utilizados por la Justicia de Familia al evaluar riesgos y ordenar cambios de tenencia en contextos de violencia previa.
- El juez asumió en octubre de 2022, tras concurso en el Consejo de la Magistratura.
- Se especializa en conflictos de familia, con énfasis en derechos de niños y personas vulnerables.
- La madre del niño tenía antecedentes de maltrato y pérdida de la tenencia de otro hijo.
- La decisión de trasladar a Ángel a ese entorno hoy es foco de fuertes críticas.
El caso vuelve a instalar la discusión sobre cómo actúa la Justicia de Familia cuando hay denuncias previas y señales de violencia en el hogar.
Mientras avanza la investigación penal por la muerte de Ángel, organismos especializados, profesionales del derecho y organizaciones de la sociedad civil reclaman revisar los protocolos de intervención para que el interés superior del niño no quede reducido a una declaración de principios, sino que se traduzca en decisiones concretas que eviten nuevos desenlaces trágicos.
