Denuncian nuevas intervenciones en un área protegida del Río de la Plata
NewsITe
Nuevos focos de quema, tareas de desmonte y movimientos de suelo detectados en Isla Santiago volvieron a colocar bajo la lupa al intendente de Ensenada, Mario Secco, por el manejo de un área declarada protegida por ley provincial. La organización ambiental Nuevo Ambiente registró estas intervenciones en las últimas 48 horas en un sector del monte ribereño lindero al Río de la Plata y denunció la posible afectación de un ecosistema clave para la región.
De acuerdo con la información conocida por la agencia Noticias Argentinas, el informe ambiental menciona el uso de maquinaria pesada, remoción de terreno y posibles nuevas ocupaciones a escasa distancia de un puesto de Prefectura Naval. Por el momento no se determinó la autoría de los trabajos, ni existe una resolución que vincule formalmente al Municipio con la ejecución de estas tareas, lo que agrega incertidumbre al cuadro de situación.
Desde la Municipalidad de Ensenada negaron estar realizando intervenciones en la zona y plantearon que, en caso de tratarse de actividades impulsadas por particulares, las denuncias deben dirigirse contra esos responsables. Ese posicionamiento busca despegar al Ejecutivo local de la autoría directa, aunque no resuelve el debate de fondo sobre los deberes de fiscalización que la normativa le asigna al distrito.
Un paisaje protegido por leyes provinciales
La discusión se da en el marco de la Ley provincial 12.756, que declaró Paisaje Protegido de Interés Provincial al Monte Ribereño Isla Paulino–Isla Santiago. Esa norma apunta a conservar la integridad natural, geomorfológica, histórica y urbanística del área, y establece que toda obra pública o privada con capacidad de alterar esas condiciones debe someterse a una evaluación de impacto ambiental previa a la autorización municipal definitiva.
El territorio también está alcanzado por la Ley de Bosques Nativos 14.888, que clasifica y regula el uso de estos ecosistemas. Por eso, no se trata de un vacío legal ni de un terreno sin regulación específica: las autoridades locales tienen facultades y obligaciones expresas para la preservación, mientras que la Provincia de Buenos Aires debe intervenir cuando el conflicto excede la órbita municipal.
Antecedentes y advertencias previas en la zona
Lo ocurrido en septiembre se suma a episodios recientes vinculados con la construcción de viviendas y bungalows en el sector conocido como Los Ciruelos. En esa causa, Nuevo Ambiente recurrió a la Justicia y obtuvo una resolución de primera instancia que impuso restricciones a loteos, edificaciones, movimientos de suelo y deforestación. Según la ONG, el propio municipio había señalado que las obras cuestionadas no contaban con permisos municipales.
- Resoluciones judiciales que limitaron nuevos loteos y construcciones.
- Advertencias sobre deforestación y cambios en el uso del suelo.
- Denuncias por posibles emprendimientos turísticos sin estudios de impacto.
En ese contexto, el contraste político para Secco es notorio: pese a las alertas previas, la existencia de un marco legal específico y las medidas judiciales adoptadas, la organización ambiental volvió a documentar signos de transformación del suelo en un espacio especialmente protegido.
Reclamo por un plan de manejo integral
Nuevo Ambiente también remarcó la ausencia de un plan de manejo integral que ordene las actividades en Isla Santiago, con ejes en la prevención de incendios, la conservación de la flora y la fauna y el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales. Para la ONG, sin una herramienta de planificación de este tipo se vuelve más difícil prevenir nuevos episodios de degradación ambiental y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes.
La denuncia no demuestra una usurpación ni permite afirmar que las quemas hayan sido ordenadas por funcionarios, pero sí pone en evidencia que el conflicto ambiental persiste en un espacio donde el municipio tiene obligaciones concretas de control y resguardo.
Mientras tanto, el nuevo alerta vuelve a instalar a Isla Santiago en la agenda pública y abre un interrogante sobre los próximos pasos de la Justicia, la Provincia y el Municipio. Organizaciones ambientales reclaman que se fortalezca la fiscalización sobre el territorio, se brinde información clara a la comunidad y se avance en un esquema de protección que combine preservación del paisaje, control del uso del suelo y participación ciudadana.
