Santa Fe festeja el revés europeo a una norma que ponía en jaque al biodiésel argentino
NewsITe
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la decisión del Parlamento Europeo de descartar la calificación de la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” (Cambio Indirecto del Uso del Suelo), etiqueta que amenazaba con sacar al biodiésel nacional de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea. La marcha atrás de Bruselas despeja, al menos por ahora, un escenario de fuerte incertidumbre para una de las cadenas productivas clave de la provincia.
Desde sus redes sociales, Pullaro subrayó que el resultado fue “fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado”, y reivindicó que “juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”. El mandatario recordó además las gestiones realizadas ante la Cancillería argentina y los aportes técnicos elevados a las autoridades europeas para sostener la posición del país.
Según indicaron desde la Gobernación, Santa Fe presentó un dossier con evidencia científica y económica que respaldó la sustentabilidad del biodiésel producido en Argentina. Pullaro insistió en que la provincia apuesta a “una matriz energética más sustentable, que cuide el ambiente, impulse la producción, genere empleo y agregue valor a nuestra materia prima”, en línea con las discusiones globales sobre transición energética y descarbonización del transporte.
Puccini: impacto directo en empleo, inversiones y exportaciones
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, remarcó que el revés a la norma europea “demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”. Señaló que, de haberse cerrado el mercado comunitario, se habrían puesto en riesgo exportaciones de biodiésel calculadas en torno a los 390 millones de dólares anuales.
Puccini recordó que Santa Fe concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país, por lo que cualquier restricción en Europa golpea de lleno en la estructura productiva regional. La eliminación de la barrera regulatoria se interpreta en la provincia como una ventana de oportunidad para consolidar mercados externos, pero también como un llamado a acelerar definiciones en el frente interno.
El informe técnico que sostuvo la posición argentina
Una de las herramientas centrales de la estrategia santafesina fue la elaboración de un informe técnico que se presentó ante autoridades europeas. El documento demostró que el biodiésel argentino reduce alrededor del 70% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el gasóleo fósil, contribuyendo a los compromisos climáticos que la propia Unión Europea se fijó para las próximas décadas.
El trabajo también sostuvo que la producción de soja no implica la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos, uno de los puntos más sensibles en el debate ambiental. El dossier fue elaborado en forma conjunta por el gobierno provincial, cámaras empresariales del sector, universidades y organismos técnicos nacionales, que aportaron datos científicos, productivos y ambientales para sustentar la postura argentina.
“Este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”, subrayó el ministro Gustavo Puccini.
El próximo capítulo: una nueva Ley de Biocombustibles
Con el obstáculo europeo despejado, el foco del gobierno de Pullaro se traslada ahora al debate interno por una nueva Ley de Biocombustibles. Desde Santa Fe consideran que el respaldo conseguido en Europa debe traducirse en una agenda de fortalecimiento del mercado local, en un sector que hoy opera con niveles de ociosidad de entre el 50% y el 65% de su capacidad instalada.
La propuesta santafesina se apoya en tres ejes principales: en primer lugar, elevar de forma inmediata el corte obligatorio de biodiésel en el diésel al 15% (B15), con una transición automática al 20% (B20) siempre que el biocombustible resulte competitivo frente al gasoil importado. En segundo término, incorporar los llamados “vectores de futuro” –como el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF)– al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de atraer capitales y sumar tecnología.
El tercer punto apunta a una distribución más equilibrada del mercado interno, reservando un 40% para plantas no integradas y un 60% para las integradas, reflejando la estructura real de la industria santafesina y promoviendo competencia. Para Puccini, el desafío no se limita a sostener y ampliar las exportaciones hacia Europa, sino también a sustituir importaciones de combustibles fósiles: Argentina compra cada año alrededor de 1.500 millones de litros de gasoil que, según el funcionario, podrían ser reemplazados por producción nacional de biodiésel.
En la provincia confían en que el precedente europeo fortalecerá el reclamo ante el Congreso nacional para tratar “con urgencia” una nueva ley que dé previsibilidad al sector. En un contexto de disputas globales por las reglas del comercio y la agenda climática, Santa Fe busca consolidarse como actor central en la transición energética argentina, con el biodiésel como punta de lanza.
