El proyecto de reforma electoral, anunciado por Javier Milei, incluye cambios en el financiamiento de la política, nuevas exigencias para los partidos y la incorporación de la boleta única en papel, así como el criterio de Ficha Limpia. La iniciativa abre un escenario de negociación con las provincias.
El Gobierno nacional presentó este miércoles en el Senado el proyecto de ley para avanzar con una reforma electoral integral. La iniciativa fue anticipada por el presidente Javier Milei y contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el financiamiento político y la incorporación del esquema de Ficha Limpia.
Según informó INFOBAE, el texto ingresó a las 18 en la Cámara Alta y consta de 79 artículos. Allí se incluyen cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas al sistema electoral.
En sus redes sociales, Milei había anticipado el envío del proyecto con un mensaje en el que sostuvo: “ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!“.
Negociación con las provincias y estrategia legislativa
La decisión de iniciar el tratamiento en el Senado responde a la necesidad de negociar con los gobernadores, actores clave para garantizar los votos necesarios. El oficialismo busca consensuar con las provincias, que tienen incidencia directa en la aprobación o rechazo de los cambios propuestos.
El objetivo del Ejecutivo es modificar la arquitectura electoral argentina, aunque ese camino depende de acuerdos políticos en un contexto donde los mandatarios provinciales plantean condiciones vinculadas a sus propias proyecciones electorales.
El planteo oficial: costos, transparencia y representación
Desde la Oficina del Presidente difundieron un comunicado en el que señalaron que la reforma apunta a “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.
En ese marco, cuestionaron el funcionamiento de las PASO y afirmaron que “es por esto que la reforma plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”.
También indicaron que el proyecto eleva los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos, con el objetivo de limitar la proliferación de estructuras sin actividad real. Según el texto, se busca terminar con el régimen de los denominados “sellos de goma”.
En relación al financiamiento, el comunicado sostiene que actualmente solo el 10 % de los fondos de campaña está registrado y que el resto corresponde a aportes no declarados. En ese sentido, propone habilitar contribuciones privadas reguladas y transparentes, además de permitir que los partidos renuncien al financiamiento estatal si así lo desean.
Eliminación de las PASO y nuevas reglas para los partidos
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación de las PASO a nivel nacional. La propuesta establece que las internas deberán ser organizadas y financiadas por cada fuerza política, sin intervención estatal ni uso de recursos públicos.
La reforma fija nuevas condiciones para obtener y mantener la personería jurídica. Entre ellas, se exige un mínimo de 50 electores fundadores por distrito, documentación constitutiva, autoridades designadas y domicilio partidario. Además, se establece un plazo de 180 días para alcanzar un nivel de afiliación no menor al 0,5 % del padrón del distrito.
Para el reconocimiento nacional, se requerirá presencia en al menos diez distritos y afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. La normativa también contempla causales de caducidad, como la falta de participación electoral o el incumplimiento de requisitos internos.
Ficha Limpia, boleta única y regulación de campañas
El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que impide ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra. El registro será administrado por la Cámara Nacional Electoral.
Además, introduce la boleta única en papel como sistema obligatorio para elecciones nacionales. El esquema permitirá votar por lista completa o por categoría, con diseño diferenciado según el cargo.
En materia de campañas, se fija su inicio 60 días antes de la elección y su cierre 48 horas previas. También se establecen sanciones por incumplimientos y se prohíben actos oficiales que puedan influir en el voto durante los 25 días previos al comicio.
Cambios en el financiamiento y otras disposiciones
La reforma establece nuevas reglas para el financiamiento partidario. Se prohíben donaciones anónimas y aportes de determinados actores, mientras que se exige que todos los movimientos se realicen a través de cuentas bancarias controladas por la Justicia Electoral.
El financiamiento público se distribuirá en un 20 % de manera igualitaria y un 80 % según los resultados electorales previos. Además, se fijan límites a los aportes privados y se exige una rendición detallada de gastos de campaña.
Entre otras disposiciones, el proyecto elimina la obligatoriedad del debate presidencial, restringe la contratación de servicios extranjeros por parte de los partidos y suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista un calendario común en el bloque.
Los partidos políticos tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las nuevas normas. La iniciativa abre ahora un proceso legislativo que dependerá de acuerdos políticos para avanzar en el Congreso.
