Legisladoras bonaerenses conformaron una mesa de trabajo para cuestionar la iniciativa de Carolina Losada. Advirtieron que el endurecimiento de las penas podría desalentar las denuncias de víctimas de violencia de género y abuso sexual.
La propuesta de la senadora nacional Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio generó el rechazo de un grupo de legisladoras bonaerenses, que este miércoles conformaron una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados provincial. Durante el encuentro, advirtieron que la iniciativa podría desalentar a víctimas de violencia de género y abuso sexual que buscan recurrir a la Justicia.
De la actividad participaron diputadas y senadoras provinciales, familiares de víctimas de femicidio y representantes de la organización Familiares Atravesados por el Femicidio. Entre las legisladoras presentes estuvo la diputada bonaerense Evelyn Flores, quien cuestionó el proyecto y sostuvo que el principal problema no son las falsas acusaciones, sino la cantidad de víctimas que no llegan a denunciar.
“No hay falsas denuncias, FALTAN DENUNCIAS”, expresó Flores luego de participar de la actividad en sus redes sociales. La legisladora sostuvo que “solo 1 de cada 10 víctimas de abuso sexual llegan a denunciar” y contrapuso ese escenario con la incidencia de las investigaciones iniciadas por denuncias falsas.
“Conformamos la mesa de trabajo y conferencia de prensa contra el proyecto que busca aumentar las penas por supuestas ‘falsas denuncias’: una agenda que no resuelve un problema real, persigue a las mujeres que se animan a hablar”, manifestó.
De la actividad también participaron la diputada Ayelén Rasquetti y las senadoras Mónica Macha y Laura Clark, además de familiares de víctimas de femicidio.
El cuestionamiento de Flores al proyecto de Losada
La iniciativa presentada por Carolina Losada propone modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal, correspondientes a los delitos de falsa denuncia y falso testimonio. Uno de los principales cuestionamientos expresados durante el encuentro fue que ambas conductas ya se encuentran contempladas en la legislación vigente.
“Las falsas denuncias ya están contempladas en el Código Penal. No necesitamos nueva legislación”, afirmó Flores.
La diputada sostuvo que el problema que debe atenderse es la cantidad de víctimas que no llegan a realizar una denuncia. “Si tenemos un problema vigente es que el 90% de las víctimas no se animan a denunciar”, señaló.
Rasquetti también cuestionó los fundamentos de la iniciativa nacional y sostuvo que “el proyecto de ‘falsas denuncias’, con el argumento de buscar la igualdad, apunta al desconocimiento y negación de la violencia de género en tanto gravísimo problema social”.
Las legisladoras plantearon que un aumento de las penas podría provocar un efecto disuasorio entre quienes evalúan acudir a la Justicia para denunciar situaciones de violencia o abuso.
Qué muestran los datos sobre las falsas denuncias
El debate también estuvo atravesado por las estadísticas disponibles. Un informe elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal analizó más de ocho millones de investigaciones penales correspondientes a 17 jurisdicciones del país y determinó que las causas por falsas denuncias representaron apenas el 0,09% del total.
El relevamiento señala además que la mayor parte de las investigaciones identificadas bajo esa figura no estaba relacionada con casos de violencia de género o abuso sexual, sino con otros delitos, entre ellos conflictos económicos, patrimoniales y fraudes.
El documento también realiza una distinción sobre qué puede considerarse jurídicamente una denuncia falsa. El archivo de una investigación, una absolución o una causa que no termina en condena no significa por sí mismo que la acusación original haya sido falsa. Para configurar ese delito debe acreditarse que existió una intención deliberada de mentir.
A partir de esos resultados, el informe sostiene que no existe evidencia estadística que justifique crear nuevas figuras penales o endurecer las penas vinculadas con falsas acusaciones en situaciones de violencia de género o abuso sexual infantil.
También advierte sobre el posible impacto de una reforma punitiva en el acceso a la Justicia en delitos caracterizados por niveles elevados de subdenuncia.
El caso de Patricia Godoy
Otro de los ejes de la mesa de trabajo fue la situación de Patricia Godoy, madre de Marisol Günther, una de las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma ocurrido en La Plata en 2011.
Godoy declaró como testigo en aquella investigación y aseguró que había visto a Osvaldo “Karateca” Martínez llegar a su casa durante la madrugada, cuando era uno de los principales sospechosos. Martínez posteriormente fue absuelto y, años después, Godoy recibió una condena de cuatro años y medio de prisión por falso testimonio.
Flores cuestionó la sentencia y sostuvo que estuvo “atravesada por sesgos de género”, al considerar que se utilizaron la militancia feminista de Godoy y su condición de madre de una víctima para poner en duda su credibilidad.
“Hoy seguimos exigiendo su liberación”, manifestó la diputada bonaerense.
Las participantes de la mesa también reclamaron fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias de género y garantizar los recursos necesarios para su implementación. Bajo la consigna “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, plantearon que el foco debe estar puesto en facilitar el acceso de las víctimas al sistema judicial antes que en incorporar un nuevo endurecimiento de las penas.
