Conflictos limítrofes que ponen a prueba el pacto federal
NewsITe
La Constitución Nacional es tajante: ninguna provincia puede hacer la guerra a otra. Sin embargo, a más de 150 años de su sanción, una extensa trama de disputas territoriales, ambientales y económicas mantiene a buena parte del mapa argentino en un estado de tensión permanente. Lejos de los viejos combates armados, hoy la “guerra gaucha” del siglo XXI se libra en los tribunales, en el Congreso y en las redes sociales.
De acuerdo con registros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existen alrededor de 110 expedientes por juicios interprovinciales entre distritos, a los que se suman decenas de causas de provincias contra el Estado nacional y algunas del Estado nacional contra gobernaciones. Buena parte de esos conflictos tienen como telón de fondo el control del agua, la energía, la minería, la logística y otros recursos estratégicos.
El dato que enciende alarmas entre juristas y geógrafos es contundente: solo cerca del 14% de los límites entre provincias están fijados mediante leyes aprobadas por el Congreso, como exige la Constitución. El 86% restante depende de decretos surgidos muchas veces de dictaduras, laudos arbitrales del siglo XIX, acuerdos provisorios o incluso trazos heredados de viejas cédulas reales de la época colonial. Ese entramado jurídico precario es el caldo de cultivo de múltiples controversias.
Un país con fronteras internas abiertas
La lista de disputas activas es extensa. Mendoza y La Pampa chocan desde hace más de ocho décadas por el manejo del río Atuel, sus impactos socioambientales y el reparto de regalías de la represa Los Nihuiles. Entre Ríos y Santa Fe discuten por la soberanía de islas e islotes surgidos por sedimentación en el río Paraná. Salta y Jujuy, y también Salta y Catamarca, se cruzan por áreas con fuerte potencial minero, en especial yacimientos de litio en salares de altura.
También persisten tensiones entre Santiago del Estero y Catamarca por una zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados; entre La Rioja y San Juan por áreas con riqueza en petróleo y gas; y entre Río Negro, Neuquén y Chubut por islas, islotes y demarcaciones imprecisas en lagos y ríos patagónicos. En el terreno, esto se traduce en escenas llamativas: destacamentos policiales de una provincia en territorio de otra, escuelas con cartelería de una jurisdicción pero emplazadas en la vecina, o intentos simbólicos de “reconquista” de espacios.
En 2011, el Instituto Geográfico Nacional publicó el estudio “Representación gráfica de los límites interprovinciales en la República Argentina”, que sistematizó la información disponible con apoyo de tecnología satelital. El trabajo confirmó que en varias jurisdicciones subsisten tramos sin demarcar y líneas fronterizas enteras en situación de indefinición, como la que separa a Salta y Jujuy.
Lo que dicen los especialistas
Constitucionalistas y geógrafos coinciden en que el sistema institucional para resolver estas controversias existe, pero se aplica con lentitud y, muchas veces, sin que los fallos se cumplan plenamente. El abogado Andrés Gil Domínguez recordó que los constituyentes diseñaron un mecanismo de solución pacífica que otorga a la Corte Suprema una competencia dirimente en conflictos entre provincias. El problema, advierte, comienza cuando las provincias no acatan de buena fe lo resuelto por el máximo tribunal, lo que termina vaciando de contenido el pacto federal.
Desde la geografía, especialistas como Esteban Salizzi y Malena Mazzitelli Mastricchio subrayan que los litigios limítrofes combinan una dimensión técnica —por dónde pasa el límite y cómo se justifica su trazado— con otra político-económica, ligada a los recursos, infraestructuras y poblaciones que quedan de uno u otro lado. El Congreso es el único órgano autorizado para fijar los límites mediante leyes, mientras que la Corte Suprema interviene cuando esas normas se vulneran; el Instituto Geográfico Nacional cumple un rol de asesor técnico sin poder de decisión.
“Completar las demarcaciones limítrofes constituye una asignatura pendiente que, además de necesaria, aprovecharía la infraestructura tecnológica existente y el capital humano disponible”, advirtieron desde la Academia Nacional de Geografía.
Los avances tecnológicos —desde la cartografía de alta precisión hasta los relevamientos satelitales— abren la posibilidad de zanjar definitivamente muchos de estos conflictos. Pero, según coinciden los expertos, sin voluntad política y sin un cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales, las fronteras internas seguirán siendo un foco de tensión para un país que, en los papeles, se define como unido, integrado y federal.
La Pampa vs. Mendoza: el caso testigo por el río Atuel
Entre los múltiples expedientes en la Corte, el que enfrenta a La Pampa y Mendoza por el río Atuel se ha convertido en un caso emblemático. El conflicto comenzó en 1947, con la construcción de la represa Los Nihuiles en territorio mendocino, que alteró drásticamente el caudal que llegaba al oeste pampeano. Desde entonces, la provincia de La Pampa denuncia un profundo daño socioambiental y reclama una porción de las regalías hidroeléctricas generadas por el aprovechamiento del curso de agua.
La controversia escaló en las últimas décadas, con fallos de la Corte Suprema que reconocieron el carácter interprovincial del Atuel y ordenaron a Mendoza garantizar un caudal mínimo para La Pampa. A esas disputas históricas se sumó recientemente un decreto del gobierno nacional de Javier Milei, que modificó el esquema de distribución de regalías de Los Nihuiles. La medida, cuestionada por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, fue celebrada por su par mendocino Alfredo Cornejo, que incluso analiza reclamar la devolución de sumas pagadas durante medio siglo.
El cruce entre ambos mandatarios se trasladó a la Justicia federal y a las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes cruzados. Mientras La Pampa sostiene que ningún decreto puede desconocer acuerdos homologados por la Corte Suprema y que el agua que alimenta la represa también es pampeana, Mendoza insiste en que la fuente hidroeléctrica se ubica íntegramente en su territorio y que, por legislación y jurisprudencia, las regalías le corresponden.
Así, casi 80 años después de su origen, el conflicto por el Atuel sigue siendo una muestra palpable de cómo las diferencias por límites, recursos hídricos y regalías energéticas pueden tensionar al máximo el federalismo argentino y revelar que, detrás del mapa político, aún quedan muchas fronteras internas por cerrar.
