Procesamiento y embargo a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón
NewsITe
El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois fue procesado y embargado por la Justicia federal a raíz de su participación en la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, un hecho ocurrido el 7 de junio de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, representa el primer avance penal concreto en su contra por este tipo de acciones de protesta y suma tensión al escenario político y judicial argentino.
En la resolución, el magistrado imputó a Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Según la reconstrucción judicial, basada en testimonios de testigos, registros audiovisuales y documentación incorporada al expediente, el líder del Frente Patria Grande habría ingresado sin autorización al edificio, que se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
De acuerdo con el fallo, Grabois no solo permaneció dentro del inmueble durante aproximadamente dos horas, sino que además habría tenido un rol activo para sostener la ocupación. El juez entendió que el dirigente instó a los manifestantes a continuar con la toma y a resistir la intervención de las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes para desalojar el lugar.
Un conflicto en un contexto político altamente sensible
La toma del Instituto Perón se produjo en medio de un clima político particularmente convulsionado, atravesado por manifestaciones de sectores afines al kirchnerismo y por la expectativa en torno a la confirmación de la condena en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, la ocupación de un sitio simbólico para el peronismo fue leída como una señal política de alto impacto.
Sin embargo, el desarrollo de la protesta derivó en episodios de violencia que reforzaron la intervención policial. El Instituto Perón, dependiente del Estado nacional, funciona como ámbito de preservación y difusión del legado histórico y doctrinario del peronismo, lo que sumó una fuerte carga simbólica al conflicto y amplificó la repercusión del caso en la arena pública.
Otros imputados y lesiones a efectivos policiales
La resolución de Ramos no se limitó a Grabois. También dispuso el procesamiento de Valentín Peralta, identificado como uno de los participantes más activos en los incidentes. En su caso, el juez describió conductas de confrontación directa con las fuerzas de seguridad y le atribuyó agresiones físicas contra efectivos de la Policía Federal durante el operativo de desalojo.
- El expediente incorpora documentación médica que da cuenta de traumatismos craneales, contusiones múltiples y heridas leves sufridas por varios agentes.
- Los efectivos heridos fueron atendidos en el Hospital Churruca, lo que para el juzgado constituye un elemento clave para sostener la imputación por resistencia a la autoridad.
Estos antecedentes médicos se convirtieron en uno de los pilares del procesamiento, al reforzar la consideración de la gravedad del episodio no solo en términos políticos, sino también penales.
La defensa de Grabois y el alcance del embargo
Desde la defensa de Grabois, la lectura de los hechos es diametralmente opuesta. Sus abogados sostienen que el dirigente se encontraba en el lugar en carácter de profesional del derecho, vinculado a una cooperativa que administraba un espacio contiguo al instituto, y no como militante o instigador de la toma. Bajo ese argumento, intentan alejarlo de la figura de usurpación o permanencia ilegítima, planteando que su presencia se enmarcó en la asistencia jurídica en un contexto de conflicto social.
La resolución judicial, no obstante, entiende que la conducta de Grabois excedió el rol de observador o asesor legal y se configuró como una participación activa en la ocupación del inmueble.
Como consecuencia de esa valoración, el juez Ramos no solo dispuso el procesamiento sino también un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes del dirigente, una medida cautelar destinada a garantizar eventuales responsabilidades civiles que puedan surgir del avance de la causa. La decisión aún puede ser apelada ante instancias superiores, por lo que el futuro procesal de Grabois quedará atado a cómo se diriman esas presentaciones en los próximos meses.
El caso se suma a la agenda de causas sensibles que atraviesan a referentes políticos y sociales, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites entre la protesta social, la ocupación de espacios públicos o estatales y la respuesta del sistema penal frente a ese tipo de acciones.
