Procesan al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad
El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una causa en la que se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de fondos y a la relación con proveedores del sector farmacéutico.
El expediente se centra en posibles cobros de sobornos, maniobras de fraude al Estado e incompatibilidades derivadas del cargo público que ocupaba Spagnuolo al frente del organismo encargado de coordinar y ejecutar políticas para personas con discapacidad en todo el país.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes judiciales, Casanello entendió que existían elementos suficientes para procesar al ex funcionario por el delito de asociación ilícita, figura que supone la conformación de una estructura organizada destinada a la comisión de delitos en forma reiterada.
Quiénes son los otros procesados en la causa
La resolución del magistrado no se limita a Spagnuolo. También fueron alcanzados por el procesamiento Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como su segundo en la ANDIS, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos señalados por sus vínculos con droguerías y el negocio de la provisión de medicamentos e insumos médicos.
La investigación apunta a determinar si, desde la cúpula de la Agencia, se habría favorecido a determinados proveedores mediante contrataciones irregulares, retornos o pedidos de dinero a cambio de agilizar trámites, autorizar pagos o direccionar licitaciones.
Fraude al Estado y presuntos sobornos bajo la lupa
De acuerdo con la hipótesis que se analiza en Comodoro Py, la presunta organización habría operado aprovechando la estructura de la ANDIS y la necesidad de muchas personas con discapacidad de acceder a prestaciones, medicamentos, tratamientos y equipamiento específico financiado por el Estado.
En ese contexto, los investigadores buscan determinar si se montó un circuito de cobros indebidos y beneficios económicos para funcionarios y particulares, en perjuicio de las arcas públicas y de la transparencia en la gestión de recursos destinados a un sector particularmente vulnerable de la sociedad.
- Presunto cobro de sobornos a proveedores ligados a droguerías.
- Posibles maniobras de fraude en contrataciones y pagos.
- Investigación sobre incompatibilidades entre la función pública y vínculos privados.
La causa se encuentra en pleno desarrollo y, por el momento, no hay fecha definida para un eventual juicio oral. Las defensas podrán apelar el procesamiento ante la Cámara Federal.
Con el procesamiento dictado por Casanello, la investigación entra en una etapa clave. En los próximos meses se esperan nuevas medidas de prueba y definiciones sobre el alcance de las responsabilidades penales de los imputados, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el control de los fondos públicos destinados a políticas de discapacidad.
