Investigan presunta trata en clínica de subrogación de vientre
NewsITe
La Justicia Federal de Córdoba procesó al director de una reconocida clínica de fecundación asistida, a un abogado y a una empleada administrativa en el marco de una causa en la que se investigan presuntas maniobras de trata de personas vinculadas a la subrogación de vientre. La resolución, de más de 200 páginas, pone bajo la lupa el funcionamiento de la Clínica Fecundart y el modo en que se habrían captado mujeres en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la investigación, los procesados son José Pérez Alzaa, director del centro médico; la administrativa Paula Liendo; y el abogado Nicolás Gigena. Para el juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, el caso excede un conflicto médico o contractual y se inscribe en la órbita penal de la trata de personas, con especial foco en la protección de las gestantes.
En la resolución se cita una definición clave: si bien la maternidad subrogada no es delictiva en sí misma, puede constituir trata cuando el acuerdo está atravesado por la explotación, el abuso de poder o la desprotección absoluta de la mujer gestante. En ese marco, el magistrado afirmó que la “instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”.
Las maniobras investigadas en la clínica Fecundart
Según surge del expediente, se investiga si Pérez Alzaa habría utilizado la estructura de una fundación supuestamente sin fines de lucro para captar a mujeres desocupadas y con hijos a cargo, aprovechando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica. Sobre esa base, se habrían ofrecido programas de gestación por sustitución para terceros con capacidad económica.
La Justicia también puso el foco en la realización de transferencias embrionarias sin contar con la autorización judicial previa. Para el juez, esa práctica podría haber tenido como objetivo eludir los controles sobre la libertad y la genuinidad del consentimiento de las gestantes, un aspecto central para distinguir una práctica regular de un delito de trata.
En paralelo al avance sobre los tres procesados, el magistrado dispuso el sobreseimiento de otros imputados por falta de mérito, es decir, al no encontrar por el momento elementos suficientes que los vinculen con las maniobras bajo sospecha. La causa sigue en trámite y no se descartan nuevas medidas de prueba.
Cómo empezó la causa y qué dice la ley en Argentina
La investigación se originó meses atrás a partir de una denuncia anónima formulada a la Línea 145, el canal nacional para reportar casos de trata y explotación de personas. A partir de ese llamado se activó un trabajo de seguimiento que incluyó declaraciones testimoniales y otras medidas que la Justicia consideró de “suma importancia” para avanzar hacia los procesamientos.
En la Argentina, la maternidad subrogada no cuenta todavía con una ley específica que la regule a nivel nacional. Su práctica se considera posible, pero requiere autorización judicial previa caso por caso. Ese vacío normativo genera un área gris que abre debates éticos y jurídicos, y que en situaciones límite puede superponerse con figuras penales como la trata o la explotación.
Las autoridades recuerdan que en el país está prohibida la subrogación onerosa, es decir, el pago por el llamado “alquiler de vientre”. La gestante debe actuar en forma solidaria y, en muchas jurisdicciones, se exige además algún tipo de vínculo afectivo o familiar con quienes buscan convertirse en padres. Este marco restrictivo busca impedir la mercantilización del cuerpo de las mujeres y reducir el riesgo de abusos sobre personas en condiciones de vulnerabilidad económica.
Debate abierto sobre subrogación y derechos humanos
- La causa en Córdoba vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de una ley nacional que regule la gestación por sustitución.
- Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de explotación de mujeres vulnerables cuando no hay controles claros.
- Especialistas en derecho de familia reclaman reglas precisas para proteger tanto a las gestantes como a los niños y a las personas que buscan acceder a la maternidad o paternidad.
“Si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante”, remarcó el juez Sánchez Freytes en la resolución.
Mientras la causa sigue su curso en los tribunales federales, el caso Fecundart se suma a una serie de antecedentes que exponen la urgencia de discutir un marco normativo integral para la subrogación de vientre en la Argentina. El desafío es encontrar un equilibrio entre el deseo legítimo de conformar una familia y la obligación del Estado de garantizar que ninguna mujer vea su cuerpo y su proyecto de vida reducidos a una mercancía.
