Prisión preventiva por coima y amenazas a policías en Rosario

Intentó sobornar a dos policías y terminó preso en Rosario

Patrullero policial en las inmediaciones del Hospital Regional Sur de Rosario

NewsITe

Un hombre de 28 años quedó bajo prisión preventiva por 60 días, acusado de intentar coimear y amenazar a dos policías que cumplían tareas de prevención en las inmediaciones del Hospital Regional Sur, en la ciudad de Rosario. El episodio, que expone una vez más la tensión en una zona marcada por el delito, derivó en una causa por cohecho y amenazas coactivas.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en la noche del miércoles 8 de julio sobre la calle Heliotropo, a metros del predio del inconcluso Hospital Regional Sur. Allí, dos suboficiales de la policía santafesina realizaban un operativo de vigilancia cuando fueron abordados por el imputado, identificado como Juan Ezequiel Fernández, y otro hombre que aún no fue individualizado.

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Según la acusación, Fernández ofreció a los uniformados una suma de 100.000 pesos para que apagaran las luces del patrullero y se retiraran del lugar. El objetivo habría sido liberar la zona porque, según sus propias palabras, los agentes “estorbaban a los clientes”, expresión que los investigadores vinculan con posibles maniobras delictivas en el área.

Lejos de aceptar la propuesta, los policías rechazaron el soborno y dieron aviso a la central. Fue en ese momento cuando, siempre según la Fiscalía, el joven redobló la amenaza: aseguró que dispararía contra el móvil policial si los efectivos no se iban. Ese cambio de tono encendió las alarmas y derivó en un seguimiento controlado que terminó en una persecución.

Tras algunos minutos de tensión, los agentes lograron detener a Fernández. Durante la aprehensión, el imputado habría continuado con las intimidaciones y llegó a advertir que mataría a los policías cuando recuperara la libertad. En la requisa posterior, las autoridades secuestraron 120.900 pesos en su poder, dinero que ahora también forma parte de la pesquisa judicial.

La imputación fiscal y el rol del Hospital Regional Sur

La fiscal Josefina Bertolotto, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, imputó a Fernández por los delitos de cohecho y amenazas coactivas. En la audiencia correspondiente, solicitó la aplicación de la prisión preventiva, fundamentando que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de las amenazas proferidas contra los efectivos.

La jueza Verónica Lamas González hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por 60 días. Durante ese tiempo, la Fiscalía avanzará con medidas de prueba para identificar al segundo sospechoso que habría participado del intento de soborno, así como para reconstruir con mayor detalle el contexto en el que ocurrieron los hechos.

El incidente volvió a poner el foco sobre el Hospital Regional Sur de Rosario, una obra que comenzó en 2011 y nunca fue finalizada. El complejo, pensado originalmente como un centro de salud de referencia para la zona sur de la ciudad, quedó a medio construir y en los últimos años fue blanco de saqueos y robos de materiales. Esa situación generó que el lugar y sus alrededores se transformaran en un punto vulnerable, asociado a distintos hechos de inseguridad.

Zona crítica y demandas de mayor presencia estatal

Vecinos y organizaciones barriales vienen reclamando desde hace tiempo mayor presencia estatal y una definición sobre el destino del edificio inconcluso. Denuncian que la falta de actividad formal y el abandono favorecen la instalación de actividades ilegales y la circulación de personas armadas, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona.

En ese marco, los patrullajes policiales se volvieron más frecuentes en torno al Hospital Regional Sur. La causa que hoy mantiene detenido a Fernández se inscribe en ese contexto: efectivos que intentan sostener la presencia en un sector conflictivo y la respuesta violenta de quienes buscan operar sin la mirada de las fuerzas de seguridad.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso reaviva el debate sobre la necesidad de concluir las obras del hospital y recuperar el espacio para el sistema de salud público, como una posible herramienta para desactivar el circuito delictivo que se consolidó en sus alrededores.

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