La bicameral de Inteligencia inicia una nueva etapa en el Congreso
NewsITe
La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reunirá este martes por primera vez con el diputado libertario Sebastián Pareja como presidente, en un encuentro a puertas cerradas que marcará el inicio formal de su gestión al frente de un área clave del Congreso.
La cita está prevista para las 16 en el sexto piso del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado, y tendrá como ejes la definición de un plan de trabajo para el año legislativo y el abordaje de una serie de expedientes pendientes heredados de la conducción anterior, que estuvo en manos de Martín Lousteau.
La designación de Pareja respondió a un delicado equilibrio interno en el oficialismo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había puesto como condición que la presidencia quedara en manos del dirigente bonaerense, considerado uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, se buscó contener las aspiraciones del PRO, que pretendía ese lugar para el diputado Cristian Ritondo.
Como parte de la negociación política, el PRO obtuvo la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling, mientras que la vicepresidencia segunda fue reservada para Unión por la Patria, que deberá definir a su representante en una próxima reunión. El reparto de cargos permitió descomprimir tensiones, aunque dejó heridas abiertas en varios bloques.
Composición y polémica por los lugares en la comisión
La nueva integración de la bicameral quedó conformada por cinco representantes de La Libertad Avanza —además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche—; tres de Unión por la Patria —los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez—; dos del PRO —Goerling y Ritondo—; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.
Sin embargo, el esquema generó una fuerte controversia. El interbloque Popular del Senado, que preside José Mayans, reclamó que por ser la primera minoría en la Cámara alta le correspondían al menos dos lugares en la comisión. Finalmente, solo obtuvo una banca, mientras que la otra quedó en manos de Carolina Moisés (Convicción Federal), quien rompió con el kirchnerismo meses atrás.
La presidencia de la bicameral también fue eje de una puja interna entre el PRO y La Libertad Avanza. En febrero, el oficialismo —con el titular de Diputados, Martín Menem, a la cabeza— había prometido el cargo a Ritondo. No obstante, la presión de Karina Milei terminó inclinando la balanza en favor de Pareja, lo que produjo malestar en el macrismo y expuso las tensiones dentro de la alianza gobernante.
Agenda pendiente y debate por el nuevo marco de Inteligencia
Más allá de la discusión por los cupos, la bicameral deberá retomar una agenda cargada. Bajo la conducción de Lousteau, la comisión había rechazado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y elevó una serie de observaciones por escrito al organismo que conduce Cristian Auguadra, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Esos planteos nunca fueron respondidos formalmente.
Entre los temas más sensibles figura el análisis del DNU 941/2025, emitido por la SIDE a fines de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. El decreto reformula aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y otorga a los servicios de inteligencia facultades extraordinarias para aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, una ampliación de atribuciones que generó amplio rechazo político y cuestionamientos de especialistas en derecho y derechos humanos.
Tras la publicación del DNU, casi todas las fuerzas políticas, incluido el PRO de Mauricio Macri, difundieron comunicados críticos alertando sobre posibles riesgos para las libertades individuales y el control democrático de los organismos de inteligencia. También se presentaron decenas de recursos de amparo, que hasta el momento fueron desestimados por la Justicia por no advertir amenazas concretas a las garantías constitucionales.
La reunión de este martes será el primer test para medir el margen de acuerdo entre oficialismo y oposición en un terreno históricamente reservado y atravesado por disputas de poder, como es el sistema de inteligencia del Estado argentino.
En este contexto, la actuación de la bicameral será clave para definir el futuro del marco normativo de la inteligencia y el alcance real de los controles sobre el uso de fondos reservados y las tareas de espionaje, en un momento de alta sensibilidad institucional y política.
