Ex fiscal santafesino queda detenido por desvío de fondos judiciales
NewsITe
El ex fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, Mariano Ríos Artacho, quedó detenido con prisión preventiva por 90 días, acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos de cuentas judiciales. La decisión fue tomada por la jueza María Trinidad Chiabrera luego de una extensa audiencia imputativa.
De acuerdo con la acusación, la maniobra ilegal se habría extendido entre 2017 y 2024 e involucraría más de 400 millones de pesos provenientes de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y dinero secuestrado en distintas causas penales. Los fiscales del caso, Adrián Spelta y Carla Cerliani, estiman por el momento un perjuicio que ronda los 425 millones de pesos, cifra que podría ampliarse a medida que avance la investigación.
En la audiencia se informó que, hasta ahora, se logró analizar 48 de un total de 148 cuentas judiciales. Ese recorte permitió acreditar al menos 12 hechos concretos, aunque los investigadores sostienen que el universo de operaciones irregulares podría ser muy superior. Junto con Ríos Artacho, otras cuatro personas quedaron también bajo prisión preventiva por 90 días.
El ex fiscal, que renunció formalmente al MPA en junio de 2024, reconoció haber sustraído dinero, pero negó la existencia de una asociación ilícita. Argumentó que padece ludopatía y que fue él mismo quien terminó involucrando al resto de los acusados. Esa versión contrasta con la hipótesis de los fiscales, que lo señalan como organizador de un esquema sistemático para apropiarse de fondos bajo custodia judicial.
Cómo avanzó la causa y el impacto institucional
Ríos Artacho se encuentra detenido desde principios de septiembre luego de 15 allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. En esos procedimientos se habrían recolectado documentos, registros bancarios y dispositivos electrónicos clave para reconstruir el circuito del dinero y eventuales conexiones con terceros.
El caso genera especial preocupación en el ámbito judicial santafesino por el tipo de fondos involucrados: recursos que debían ser resguardados por el Estado en beneficio de víctimas, imputados bajo caución y causas en trámite. La presunta utilización de esas cuentas como fuente de financiamiento personal constituye, según remarcan fuentes judiciales, un golpe a la confianza pública en las instituciones.
- Período investigado: entre 2017 y 2024.
- Monto del perjuicio estimado: alrededor de $425 millones.
- Cuentas revisadas hasta ahora: 48 de un total de 148.
- Personas con prisión preventiva: el ex fiscal y otros cuatro acusados.
Los fiscales sostienen que se montó un sistema sostenido en el tiempo para apoderarse de fondos judiciales, mientras que la defensa insiste en que se trató de una conducta individual atravesada por la ludopatía.
En los próximos meses se espera que la pesquisa avance sobre el resto de las cuentas judiciales y que se definan posibles ampliaciones de la imputación. La causa, que sigue bajo la órbita del MPA santafesino, será clave para establecer responsabilidades penales y eventuales sanciones administrativas, en un contexto de fuerte escrutinio público sobre el funcionamiento del sistema de justicia.
