El proyecto enviado al Congreso modifica el régimen de pensiones no contributivas, las prestaciones y el esquema de financiamiento para personas con discapacidad. La iniciativa todavía debe ser debatida y aprobada por el Parlamento.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso incorpora modificaciones al régimen de discapacidad que alcanzan a las pensiones no contributivas, las prestaciones de atención integral y el esquema de financiamiento del sector. Las medidas forman parte de la iniciativa y todavía deben ser debatidas por el Congreso.
Uno de los principales cambios aparece en el artículo 36, que establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. El artículo 37 plantea además que sería incompatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado.
El artículo 40 propone modificar las condiciones de acceso y volver a establecer como criterio la imposibilidad para trabajar, además de los requisitos que determine posteriormente la reglamentación.
En cuanto a las prestaciones, el proyecto modifica el mecanismo de actualización de los aranceles del denominado Nomenclador. Si el obligado es el Estado nacional, los valores serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Si no se concreta la actualización prevista, el Ministerio de Salud podría establecer los valores tomando como referencia la evolución del IPC del INDEC.
Los fondos previstos y la emergencia
El proyecto contempla para 2027 unos $6,094 billones para el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas.
También propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793, que estableció la emergencia nacional en discapacidad. Entre otros aspectos, esas modificaciones alcanzan a las pensiones, la cobertura médica y el sistema de valores de las prestaciones básicas.
La propuesta generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición y de organizaciones vinculadas a la discapacidad, que plantean la necesidad de mantener la emergencia y reclaman mayores recursos para las prestaciones. En paralelo, el Gobierno sostiene que busca ordenar y hacer sostenible el sistema, y señala que durante 2026 se realizaron actualizaciones de los aranceles y medidas para mejorar la gestión de las pensiones.
La Ley 27.793 fue sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con su aprobación tras el veto presidencial y estableció la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
Por ahora, los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 son propuestas que deberán ser analizadas durante el tratamiento parlamentario. Hasta que el Congreso no apruebe el proyecto, no implican por sí mismos modificaciones inmediatas en las condiciones de las pensiones o prestaciones.
