“Una vez más, ARCA no transfirió los fondos correspondientes a julio para que las obras sociales efectúen los pagos a los prestadores. Eligen jugar con los honorarios de quienes sostienen el sistema. Cuesta creer que asumirán un compromiso real para sacar a la discapacidad de la emergencia. Basta de promesas vacías, no necesitamos leyes nuevas, exigimos que se cumpla lo que ya está legislado”, manifestaron a EL NORTE prestadores nicoleños.
De la Redacción de EL NORTE
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Los prestadores de servicios para personas con discapacidad atraviesan una situación cada vez más crítica por las demoras en los pagos de las obras sociales. Así lo expresan en el orden local en relación con una problemática que impacta en todo el país. Profesionales que brindan terapias en San Nicolás indicaron a EL NORTE que se registran atrasos que llegan a los 120 días.
“En septiembre se reiteró a situación de agosto. Una vez más, ARCA no transfirió los fondos correspondientes a julio para que las obras sociales efectúen los pagos a los prestadores. Nuevamente eligen jugar con los honorarios de quienes sostienen el sistema. Si ni siquiera pueden cumplir con los plazos básicos de pagos, cuesta mucho pensar que asumirán un compromiso real para sacar a la discapacidad de la emergencia. Basta de promesas vacías, no necesitamos leyes nuevas, exigimos que se cumplan con lo que ya está legislado”, manifestaron.
Algunas obras sociales empezaron a pagar el 27 [de septiembre] pasado, pero aún quedan otras con deudas que alcanzan los tres y cuatro meses. “Nos deben de junio en adelante. En materia de legislación, la prórroga de la ley es fundamental. No una ley nueva”, sostienen.
Crisis
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad y alertó sobre el severo impacto del desfinanciamiento en el sector. La situación relevada se replica en todo el territorio nacional.
El estudio «Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba» elaborado por el organismo reveló un fuerte retraso arancelario y demoras de hasta un año en los pagos a prestadores. También indicó que el sistema se sostiene únicamente por el sobreesfuerzo de las familias, profesionales e instituciones. Según la investigación, más de 400.000 cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes, aunque solo 127.774 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.
La crisis traslada el costo del desfinanciamiento hacia la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los dispositivos de atención y cuidado. En este marco sufren recortes de tratamientos, confinamiento forzado en sus hogares por falta de transporte y la necesidad de recurrir a la judicialización vía amparos para acceder a medicamentos o insumos básicos.
El informe también caracterizó el accionar del Estado nacional bajo una doble dinámica. Por omisión, debido a la falta de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud y al incumplimiento de la ley de emergencia nacional en discapacidad 27.793. Y, por el otro, por acción, a través de la reestructuración de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Red afectada
El sacerdote Pablo Adrián Molero, responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, marcó que las dificultades que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad no son recientes y cuestionó las modificaciones impulsadas durante la gestión de Javier Milei. “Esto no es novedad, es una lucha con este Gobierno desde el primer momento”, afirmó.
Molero recordó que el Gobierno nacional quiere volver a la incapacidad laboral y notó que ‘discapacidad y capacidad laboral no son conceptos incompatibles’. El referente señaló que la problemática también involucra el acceso efectivo a tratamientos, medicamentos y dispositivos de apoyo. “Justamente la pensión viene a ayudar con dinero, que tampoco es tanto, pero es dinero, y viene justamente con el plan de atención por Incluir Salud, que cubre las atenciones de discapacidad, más medicamentos propios de la discapacidad, más apoyos para audífonos, sillas de ruedas y otras cosas que se necesitan”, precisó, y advirtió que quienes dependen exclusivamente del sistema público enfrentan mayores dificultades para conseguir atención.
En un contexto que definieron como “particularmente difícil” para el sector de discapacidad, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina le pidieron este lunes al Gobierno nacional prorrogar la emergencia en el sector, además de revisar los recortes incluidos en el Presupuesto 2027.
En paralelo, el documento apunta a las obligaciones pendientes de la ley vigente. La Iglesia reclamó que se concrete la compensación por el período de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y que debía convertirse en la base arancelaria desde el 1° de enero de 2025. Según el texto, ese ajuste no se trasladó al sistema, por lo que las prestaciones siguen atrasadas frente a los costos reales.
A eso sumó otros incumplimientos: el estudio de costos previsto por la norma y las medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores. Además, cuestionó una resolución que dejó fuera de la compensación a ciertas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.
En materia de pensiones, la Iglesia subrayó que hay más de 200.000 trámites pendientes, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años.
